La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia ha impuesto una condena de 20 años de prisión al coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez por su responsabilidad en 35 hechos criminales que dejaron 72 personas asesinadas y algunas desaparecidas forzadamente en el norte de Cesar y el sur de La Guajira entre los años 2002 y 2003.
La decisión de la JEP, el tribunal transicional encargado de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, se basa en la demostración de la responsabilidad del coronel Mejía en estos hechos, que fueron calificados como crímenes de guerra.
Según la información disponible, los asesinatos y desapariciones forzadas perpetrados por el coronel Mejía y sus tropas se enmarcaron en una estrategia contrainsurgente dirigida a eliminar a presuntos colaboradores de la guerrilla de las FARC en esa región del país.
La condena impuesta por la JEP es la máxima sanción ordinaria que puede imponer este tribunal, y refleja la gravedad de los delitos cometidos por el oficial militar retirado. La sentencia también incluye medidas de reparación a las víctimas y sus familias.
Este caso pone de manifiesto los esfuerzos de la justicia transicional colombiana por esclarecer y sancionar los crímenes cometidos durante el prolongado conflicto armado, en el marco de los acuerdos de paz firmados entre el gobierno y las FARC en 2016.
La condena al coronel Mejía es un hito importante en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de la verdad y la reconciliación en Colombia, aunque aún queda un largo camino por recorrer para lograr la justicia plena para todas las víctimas del conflicto.
