Tres juristas han denunciado irregularidades en la contratación pública para la construcción del Viaducto Sur de Guayaquil, también conocido como Quinto Puente. Según los abogados Pablo Játiva, Enrique Riera y Telmo Jaramillo, el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, habría violado la normativa y el debido proceso en este proyecto.
Los principales cuestionamientos apuntan a la falta de transparencia por parte del Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) en la divulgación de información pública relacionada con el proyecto. Los expertos señalan que no se ha informado sobre los predios que serán expropiados a empresas vinculadas a la familia del presidente Daniel Noboa, ni los valores que el Estado pagará por ellos.
Játiva, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, afirma que esta opacidad podría conjeturar un conflicto de intereses, ya que los ministerios "emanan de la orden o de la disposición o la supremacía del presidente de la República, entonces, prácticamente es una compra entre parientes".
Por su parte, Jaramillo, abogado del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), indica que el MIT no habría seguido el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, como el anuncio previo del proyecto para evitar el incremento de los avalúos de los predios.
Además, Riera señala que los propietarios de los predios a expropiar no habrían sido debidamente notificados, lo que les dificultaría la reubicación en el plazo que el ministro Luque ha anunciado.
Ante estas irregularidades, los juristas consideran que la Contraloría y la Fiscalía General del Estado deberían intervenir, ya que se trata de recursos públicos. Asimismo, instan a la ciudadanía a ejercer su derecho al Habeas Data para exigir la entrega de información pública sobre este proyecto.
