La decisión del gobierno boliviano de eliminar los subsidios a los combustibles ha generado una fuerte reacción en el sector del transporte. El 19 de diciembre, una protesta masiva de transportistas paralizó las principales ciudades del país, bloqueando calles y rutas en rechazo al aumento de los precios de la gasolina y el diésel.
La medida, anunciada por el nuevo gobierno de centroderecha, implicó que los precios de los combustibles se duplicaran, lo que golpeó duramente a los transportistas, quienes dependen de estos insumos para poder operar. Ante esta situación, gremios y sindicatos del sector convocaron a un paro nacional que tuvo un fuerte acatamiento en ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
"Nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza porque el aumento de los precios nos deja sin margen de ganancia. No podemos seguir trabajando en estas condiciones", señaló el dirigente de la Confederación de Transporte Urbano, Edilberto Calle.
Los bloqueos de calles y rutas generaron un caos en la circulación, con largas filas de vehículos varados y serios problemas de abastecimiento. Comercios, empresas y ciudadanos se vieron seriamente afectados por la paralización del transporte.
Desde el gobierno, la ministra de Gobierno, Karen Longaric, condenó las medidas de fuerza y llamó a los transportistas a dialogar. "Entendemos sus reclamos, pero no pueden tomar rehenes a la población. Deben encontrar una solución negociada", afirmó.
Sin embargo, los transportistas advierten que no levantarán los bloqueos hasta que el gobierno dé marcha atrás con la eliminación de los subsidios a los combustibles. "No vamos a ceder hasta que nos devuelvan los subsidios. Es una cuestión de supervivencia para nuestro sector", sentenció Calle.
La situación en Bolivia se mantiene tensa, con la posibilidad de que las protestas se extiendan en los próximos días si no se logra un acuerdo entre el gobierno y los transportistas. Analistas advierten que el conflicto pone en riesgo la estabilidad económica y social del país.
