El Gobierno del presidente de Perú, José Jerí, ha prorrogado por segunda vez el estado de emergencia en Lima y Callao por un plazo de 30 días como consecuencia de la crisis de seguridad que vive el país y que precipitó su ascenso al poder tras la destitución de Dina Boluarte.
La medida, publicada en el diario oficial 'El Peruano', considera que son "deberes primordiales" garantizar "los Derechos Humanos", proteger a la población de las "amenazas contra su seguridad" y fomentar el "bienestar general". Mientras esté vigente, la Policía Nacional de Perú está encargada de mantener el orden con apoyo del Ejército, y se mantienen restricciones a derechos como la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito y la libertad de reunión.
Las fuerzas de seguridad deberán emitir un informe de situación a las autoridades en los cinco días hábiles posteriores al final del estado de emergencia para analizar los resultados obtenidos bajo la norma. Además, las actividades que congreguen a un alto número de personas deberán ser comunicadas a las autoridades, quienes otorgarán el permiso correspondiente si así lo consideran.
A pesar de la aplicación del estado de emergencia, tanto bajo el mandato de Boluarte como de Jerí, los homicidios y las extorsiones han continuado, especialmente contra los transportistas, quienes han encabezado las últimas manifestaciones. Los detractores de la medida señalan que la presencia de los militares en las calles no combate unas redes de extorsión que se lanzan a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería móvil.
La crisis de seguridad que vive Perú ha sido uno de los principales desafíos para el Gobierno de Jerí, quien asumió el poder tras la destitución de Boluarte. La prórroga del estado de emergencia en Lima y Callao busca hacer frente a esta situación, aunque sus detractores cuestionan la efectividad de la medida.
