El Gobierno Nacional estaría evaluando la posibilidad de declarar una emergencia económica, según lo anunció el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Esta medida se tomaría luego de que el Congreso de la República se negara a aprobar la ley de financiamiento, lo que habría generado un desequilibrio en el presupuesto.
De acuerdo con el ministro, la declaratoria de emergencia económica permitiría al Ejecutivo adoptar medidas para recuperar los ingresos necesarios y equilibrar las finanzas públicas. Sin embargo, esta posible decisión ha generado una gran polémica a nivel nacional, con diversos sectores expresando sus preocupaciones y argumentos en contra.
La Asociación Colombiana de Minería (ACM) alertó sobre los "riesgos institucionales y fiscales" que implicaría una nueva declaratoria de emergencia económica. Según la ACM, sería el tercer estado de excepción en menos de tres años, lo cual "desconoce el espíritu de la Constitución de 1991, los límites al poder Ejecutivo y el rol de las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes".
Además, la ACM señaló que la figura de la emergencia económica es "excepcional" y no puede convertirse en un "mecanismo ordinario para corregir desequilibrios fiscales generados por el propio Gobierno". La asociación empresarial advirtió que insistir en esta decisión podría debilitar la confianza en el Estado de derecho y enviar una "señal profundamente negativa a la inversión".
Por su parte, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) también ha expresado sus preocupaciones sobre los posibles efectos de una nueva declaratoria de emergencia económica. Según la ANDI, los sectores productivos del país han argumentado que no se cumplirían las condiciones necesarias para decretar esta medida.
En este contexto, la ACM hizo un "llamado urgente" a que cualquier discusión fiscal se tramite por las vías democráticas, dentro del marco constitucional y con respeto al rol del Congreso y de las Altas Cortes. La asociación minera considera inaceptable que el Gobierno "gaste más de lo que recibe" y pretenda justificar una emergencia económica "basada en su propia irresponsabilidad fiscal".
