El reciente anuncio del presidente Bernardo Arévalo de aumentar el salario mínimo en Guatemala para el 2026 ha generado una fuerte reacción entre los sectores empresarial y laboral. Mientras que el gobierno defiende el incremento como una medida para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, los empresarios temen que este aumento ponga en riesgo la generación de empleo formal y la competitividad del país.
El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) rechazó el incremento, argumentando que carece de "sustento técnico" y que debilitará la creación de empleos formales. Según el Cacif, el aumento del 7.5% para el salario mínimo no agrícola, 5.5% para el agrícola y 4% para la actividad exportadora y de maquila, "agrava el problema estructural de la informalidad" en el país, donde más del 70% de la población económicamente activa se encuentra en la informalidad.
Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala (CIG) calificó el aumento como "una decisión política disfrazada de protección social" y afirmó que está desconectado de la productividad y la realidad del país. La CIG advierte que el incremento salarial "castiga el empleo formal, cierra oportunidades y profundiza la informalidad".
En contraste, el sector laboral, representado por Franky Pozuelos de la Comisión Nacional del Salario (CNS), expresó que esperaban un porcentaje de aumento similar al del año pasado, del 10%, y que aplique de manera uniforme a todas las actividades productivas. Pozuelos considera que el ajuste actual, aunque un avance, sigue siendo insuficiente para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.
La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) también se pronunció, argumentando que los aumentos salariales decretados representan un "golpe a la competitividad del sector exportador" y podrían resultar insostenibles para muchas empresas. Agexport hizo un llamado a las autoridades para analizar acciones que permitan reducir los costos de logística, infraestructura y energía, a fin de proteger el empleo formal.
Por su parte, el Consejo Nacional Empresarial (CNE) señaló que el aumento decretado "protege el poder adquisitivo de la clase trabajadora", pero advirtió que no mejorará integralmente la economía guatemalteca si no se eleva la productividad y se facilita la formalización del empleo. El CNE exige una agenda integral que incluya incentivos para la formalización, financiamiento accesible para pymes y capacitación laboral.
En resumen, el aumento del salario mínimo en Guatemala ha generado una división entre los sectores empresarial y laboral. Mientras que el gobierno defiende la medida como una forma de proteger a los trabajadores, los empresarios temen que el incremento afecte la competitividad y la generación de empleo formal en el país.
