El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) de Guatemala ha manifestado su rechazo al incremento del salario mínimo decretado por el Ejecutivo para el año 2026. La organización empresarial considera que la medida no cuenta con un respaldo técnico suficiente y podría generar efectos adversos en el empleo formal, la competitividad del país y la sostenibilidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
El aumento al salario mínimo, anunciado recientemente por el gobierno, busca mejorar las condiciones de vida de los trabajadores guatemaltecos. Sin embargo, CACIF alerta que esta decisión podría tener consecuencias negativas para la economía nacional.
Según la organización empresarial, el incremento salarial no está respaldado por un análisis técnico exhaustivo que evalúe su impacto en diferentes sectores. Esto podría derivar en una pérdida de empleos formales, una disminución de la competitividad del país y poner en riesgo la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas, que representan una parte importante del tejido productivo guatemalteco.
"Creemos que esta medida no ha sido lo suficientemente estudiada y podría tener efectos adversos en la economía. Nuestro llamado es a que se realice un análisis técnico y se considere el impacto real que tendría en el empleo y la competitividad del país", expresó un portavoz de CACIF.
La organización empresarial sostiene que, si bien el objetivo de mejorar los ingresos de los trabajadores es loable, existen otras alternativas que podrían ser más efectivas, como programas de capacitación, incentivos a la formalización y mejoras en la productividad, sin afectar de manera desproporcionada a las empresas.
Expertos en temas laborales y económicos también han manifestado sus preocupaciones sobre los posibles efectos negativos que podría tener un aumento abrupto del salario mínimo en un contexto de alta informalidad y vulnerabilidad de las MIPYMES.
Ante esta situación, se espera que el gobierno y los diferentes actores involucrados en la toma de decisiones económicas puedan llegar a un acuerdo que equilibre los intereses de los trabajadores y las empresas, buscando soluciones que fomenten el empleo formal y el crecimiento económico sostenible en Guatemala.
