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Tribunal analiza 61 casos de reos que podrían obtener libertad anticipada

Tribunal analiza 61 casos de reos que podrían obtener libertad anticipada

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se encuentra analizando 61 expedientes de personas privadas de la libertad que podrían acceder al beneficio de libertad anticipada antes de que concluya el año 2025. Esta iniciativa forma parte del programa de libertad anticipada impulsado a nivel federal.

Según informó el coordinador estatal de Reinserción Social, Javier Romero Espinoza, los casos corresponden a hombres y mujeres que cumplen con los criterios establecidos, entre ellos padecer enfermedades crónicas, pertenecer a comunidades indígenas o haber cumplido más del 50 por ciento de su condena, además de mantener buena conducta durante su internamiento.

Los documentos fueron entregados al Poder Judicial hace aproximadamente un mes o mes y medio para su análisis, y la determinación final sobre cuántas personas podrán obtener su libertad anticipada recae exclusivamente en el Tribunal Superior de Justicia.

Romero Espinoza señaló que, si bien de manera inicial se entregaron 61 expedientes, no se descarta que el número pueda aumentar, ya que la Coordinación Estatal de Reinserción Social continúa trabajando en la integración de nuevos casos que podrían ser turnados posteriormente al tribunal.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos a nivel federal por brindar oportunidades de reinserción social a las personas privadas de la libertad, especialmente aquellas que se encuentran en situaciones vulnerables o que han cumplido una parte significativa de su condena.

El Tribunal Superior de Justicia tendrá la responsabilidad de analizar cada uno de los casos de manera exhaustiva, tomando en cuenta los criterios establecidos y velando por el cumplimiento de la ley. La decisión final será fundamental para determinar cuántos de estos internos podrán recuperar su libertad anticipadamente.

Este proceso refleja la importancia de contar con un sistema de justicia que equilibre la necesidad de seguridad pública con el respeto a los derechos humanos y la búsqueda de la reinserción social de las personas privadas de la libertad.

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