El caso SENASA, el asegurador público de salud de República Dominicana, ha sacudido la opinión pública con una mezcla de indignación, preocupación y desconfianza. Ante esta situación, el Defensor del Pueblo dominicano hace un llamado a no caer en la tentación de buscar culpables o emitir juicios anticipados, sino a asumir lo ocurrido como una alerta de Estado.
Según el Defensor, la prevención no es desconfianza, sino responsabilidad institucional, especialmente cuando se trata de un organismo de impacto masivo del que dependen millones de afiliados y la sostenibilidad del sistema de salud. Un Estado que espera a que los problemas estallen para reaccionar llega siempre tarde; uno que aprende a anticiparse protege mejor los derechos y la confianza pública.
La Ley 87-01 de Seguridad Social de República Dominicana diseñó mecanismos de prevención y control destinados a reducir riesgos, limitar discrecionalidades y fortalecer la supervisión, como el Expediente Único del Afiliado, la interoperabilidad efectiva entre los actores del sistema y la trazabilidad de procesos y decisiones. Estas herramientas no son opcionales, sino parte del deber constitucional de proteger el derecho a la salud y administrar con integridad los recursos públicos.
Cuando estos mecanismos no operan plenamente, el Estado pierde capacidad de anticipación y la respuesta termina siendo judicial y mediática, casi siempre la vía más costosa para la confianza ciudadana. Por el contrario, cumplir la ley reduce discrecionalidades, fortalece la supervisión, ordena la gestión y protege derechos, recursos y legitimidad institucional.
Según el Defensor, mirar hacia el futuro no significa renunciar a las consecuencias. Debe existir un régimen de consecuencias conforme a la Constitución: firme, proporcional y ejemplar, no como reacción emocional ni como populismo punitivo, sino como afirmación del Estado de derecho. La Constitución no ampara la impunidad, pero tampoco el atropello; exige responsabilidades individualizadas, sanciones justas y reglas claras que eduquen al sistema y fortalezcan la confianza ciudadana.
Si el país logra extraer esta lección del caso SENASA, la crisis habrá servido para fortalecer las instituciones y mirar el futuro con mayor seriedad, concluye el Defensor del Pueblo.
