La Contraloría General del Estado (CGE) realizó un examen especial a la adquisición de 60 nuevos trolebuses para la ciudad de Quito y encontró serias irregularidades en el proceso. En su informe, el ente de control recomienda glosas (sanciones económicas) para los funcionarios municipales involucrados y ha remitido el caso a la Fiscalía por presuntos indicios de responsabilidad penal.
Según el documento de la Contraloría, el equipo del alcalde Pabel Muñoz no justificó adecuadamente por qué prescindió de los procesos de subasta inversa a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) y en su lugar firmó un convenio con la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que no es una entidad financiera bilateral como el BID o el Banco Mundial.
El informe señala que Unops aportó apenas $50.000, el 0,15% de una inversión municipal de $35,9 millones, y recibió $2,5 millones por sus servicios, lo cual es cuestionado por los auditores. Además, se determinaron indicios de responsabilidad penal que serán investigados por la Fiscalía.
El concejal Andrés Campaña, quien solicitó el examen especial a la Contraloría, considera que el uso de este mecanismo fue "una burla" ya que el aporte de Unops fue mínimo en comparación a la inversión municipal. Otros ediles como Michael Aulestia y Wilson Merino también han cuestionado las irregularidades en este proceso.
Por su parte, el gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito (Epmtpq), Xavier Vásquez, cree que se trata de una "represalia política" debido al interés del alcalde Muñoz de presentarse a la reelección. Sin embargo, los cuestionamientos de la Contraloría llegaron antes de que se firmara el contrato con el consorcio IFS-Yutong, el proveedor de los trolebuses.
Según el informe, los nuevos trolebuses comenzaron a presentar fallas en abril de 2025, apenas un año después de su incorporación a la flota. Problemas en puertas, rampas y catenaria fueron reportados por los trabajadores, pese a que los vehículos fueron fabricados especialmente para la capital ecuatoriana.
La Contraloría ha recomendado glosas (sanciones económicas) por $2,5 millones a los funcionarios responsables y ha determinado indicios de responsabilidad penal, por lo que el caso será remitido a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Ahora, la Empresa de Pasajeros deberá enfrentar el proceso administrativo y legal derivado de este informe.
