España ha condenado firmemente las sanciones impuestas por Estados Unidos a la Corte Penal Internacional (CPI), argumentando que afectan gravemente la labor de esta institución encargada de juzgar los crímenes más graves contra la humanidad.
En un comunicado de la Cancillería española, el gobierno manifestó su rechazo a las medidas tomadas por la administración Trump, calificándolas como un "nuevo ataque contra la independencia, integridad e imparcialidad" de la CPI.
"La Corte Penal Internacional desempeña una función indispensable para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes más graves contra la humanidad y para contribuir a la reparación de las víctimas", argumentó el texto.
Asimismo, el comunicado reafirmó el "respaldo inequívoco" de España a la Corte y trasladó su "plena solidaridad" a los jueces, fiscales y al personal de la CPI afectados por las sanciones.
En este sentido, el gobierno español enfatizó que continuará cumpliendo "de manera íntegra" sus compromisos derivados del Estatuto de Roma y del Derecho Internacional, "respetando y garantizando el ejercicio pleno de la jurisdicción de la CPI".
Las sanciones impuestas por Estados Unidos se enmarcan en un contexto de tensión entre la administración Trump y la Corte Penal Internacional, que ha investigado presuntos crímenes de guerra cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán.
La CPI, con sede en La Haya, Países Bajos, es un tribunal internacional encargado de juzgar los delitos más graves de trascendencia internacional, como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.
Desde su creación en 2002, la Corte ha abierto investigaciones en diversos países y ha emitido órdenes de arresto contra altos funcionarios, incluyendo al expresidente sudanés Omar al-Bashir.
La posición de España, uno de los países miembros de la CPI, refleja el rechazo generalizado de la comunidad internacional a las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos en contra de esta importante institución judicial.
