El ejército de Estados Unidos anunció el jueves (18.12.2025) la muerte de cinco presuntos "narcoterroristas" en dos ataques contra embarcaciones en aguas del Pacífico, lo que eleva al menos a 104 las víctimas desde el inicio de la campaña antidrogas de Washington en la región.
"La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y estaban involucradas en operaciones de narcotráfico. Un total de cinco hombres narcoterroristas murieron durante estas acciones", dijo el Comando Sur en su cuenta de X.
Tres personas murieron en el primer ataque y las otras dos en la segunda embarcación, indicó el ejército.
De acuerdo con un recuento de la AFP con información oficial, con este nuevo ataque la cifra de muertos en los bombardeos de Estados Unidos en el Pacífico y en el Caribe supera el centenar.
La administración del presidente Donald Trump no ha aportado pruebas de que las embarcaciones estén implicadas en narcotráfico, lo que ha abierto un intenso debate sobre el marco legal de las operaciones. Legisladores de la oposición demócrata, pero también de la mayoría republicana en el Congreso, consideran que el presidente no tiene la autoridad legal para realizar estos ataques.
Sin embargo, la Cámara de Representantes rechazó el miércoles dos textos que buscaban regular por ley estas operaciones. En el Senado también fracasaron medidas similares.
La campaña llega al tiempo que el gobierno de Estados Unidos aumenta la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, a quien acusa de encabezar una red de narcotráfico. Analistas señalan que estos ataques forman parte de una estrategia más amplia de Washington para combatir el narcotráfico en la región, pero cuestionan la legalidad y los métodos empleados.
Expertos en derecho internacional advierten que los ataques podrían constituir violaciones del derecho marítimo y de los derechos humanos, al no existir pruebas concluyentes de que las embarcaciones estuvieran involucradas en actividades ilícitas. Organizaciones de derechos humanos han exigido una investigación independiente sobre estos incidentes.
El Comando Sur ha defendido la legalidad de las operaciones, argumentando que se trata de acciones legítimas en el marco de la lucha antinarcóticos. Sin embargo, el debate político y jurídico en torno a estos ataques aún no se ha resuelto, generando preocupación sobre el respeto al Estado de Derecho y las normas internacionales.
