La controvertida reforma laboral impulsada por el presidente argentino, Javier Milei, ha enfrentado una fuerte oposición de los sindicatos y la oposición política en el país. Tras una multitudinaria protesta de trabajadores en la Plaza de Mayo, la senadora del partido de Milei, Patricia Bullrich, anunció que el proyecto será tratado en el Congreso recién a partir del 10 de febrero de 2026, una clara señal de que la iniciativa enfrenta dificultades para ser aprobada.
La denominada "Ley de Modernización Laboral" propone cambios en las condiciones de contratación, reducciones en contribuciones patronales y nuevas regulaciones para la actividad sindical. Además, busca establecer salarios atados a la productividad y prevé jornadas laborales de hasta doce horas, así como una reducción de la base de cálculo de las indemnizaciones por despido.
Sin embargo, la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera de Argentina, ha rechazado enérgicamente la reforma, calificándola como "un ataque a la libertad" y amenazando con desplegar un plan de lucha que incluya una huelga general.
Durante la protesta en la Plaza de Mayo, los principales dirigentes sindicales advirtieron que no permitirán que se apruebe una reforma que, en sus palabras, "no tiene un solo elemento que beneficie a los trabajadores". Incluso el gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se sumó a las críticas, señalando que la iniciativa carece de elementos que favorezcan a los empleados.
La decisión de la senadora Bullrich de postergar el debate de la reforma hasta febrero de 2026 sugiere que el Gobierno de Milei enfrenta serias dificultades para lograr el apoyo necesario en el Congreso. Esto se produce en un contexto de creciente tensión social y movilizaciones en Argentina, donde los trabajadores y la oposición política han manifestado su rechazo a las políticas económicas y laborales del Ejecutivo.
