La Comisión Permanente del Congreso aprobó con 16 votos a favor y cuatro en contra el informe final que recomienda inhabilitar a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por una década. El documento también propone acusarla constitucionalmente por infracción a la Constitución durante su gestión al frente del Ministerio Público.
La decisión se produce luego que Espinoza iniciara investigaciones contra congresistas vinculados a un proyecto de ley sobre pensiones militares y policiales. Los integrantes de la Comisión Permanente justifican la acusación constitucional señalando que Espinoza Valenzuela abrió investigaciones contra legisladores que estaban relacionados con dicha iniciativa.
La propuesta de inhabilitación por 10 años representa una de las sanciones más severas que puede imponer el Congreso. Esta medida impediría a la exfiscal ejercer cualquier función pública durante ese período. La votación refleja una clara mayoría en el Legislativo respaldando las recomendaciones del informe.
En la misma sesión, la Comisión Permanente aprobó con 13 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026. Esta medida modifica el Decreto Legislativo 1293 que regula dicho registro.
El Reinfo es un mecanismo que permite a mineros informales continuar sus operaciones mientras avanzan en su proceso de formalización. Sin embargo, críticos señalan que las sucesivas prórrogas perpetúan la informalidad en el sector.
Esta doble decisión del Congreso evidencia dos líneas de acción paralelas: el endurecimiento contra fiscales que investigan al Legislativo y la flexibilización continua de plazos para sectores extractivos informales. Mientras se sanciona a la exfiscal Espinoza, el Congreso opta por extender nuevamente el plazo del Reinfo, postergando la formalización de la minería informal en el país.
