Un informe de la Contraloría General del Estado reveló serias irregularidades en el contrato de implementación de radares de tránsito entre la Empresa de Movilidad de Cuenca (EMOV EP) y el Consorcio Móvil Technology Ecuador. La auditoría encontró indicios de responsabilidad penal, así como sanciones administrativas y civiles por millones de dólares.
El examen especial realizado por la Contraloría abarcó el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2022 y el 30 de junio de 2025. Entre los hallazgos más relevantes se destaca un retraso de 143 días en la ejecución del contrato por falta de control de los administradores, quienes no realizaron las inspecciones oportunas ni gestionaron el inicio de las pruebas preoperativas de los equipos.
Además, la EMOV EP detectó irregularidades técnicas en 32 radares instalados en 16 puntos de la ciudad, pero no las comunicó formalmente al consorcio, impidiendo la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. Esto, según el informe, tuvo un efecto directo en la imposibilidad de aplicar las multas programadas.
Asimismo, se establecieron incumplimientos en la homologación de funcionalidades de los dispositivos, por lo que no se pudo comprobar que cumplieran con los parámetros previstos en el contrato. Tampoco se comunicó al consorcio el incumplimiento del monto de inversión del año 2.
Sobre la terminación del contrato, la auditoría determinó que se dio sin demostrarse la conveniencia para los intereses de la EMOV EP, dejando una cartera pendiente de cobro que ocasionó un perjuicio a la entidad por $4.887.856,81. Además, la EMOV EP adquirió una deuda de $3 millones para financiar las obligaciones de pago, sin haber realizado los estudios correspondientes.
Tras la finalización del contrato, la EMOV EP no contó con políticas, procedimientos ni reglamentación interna que regulen el uso, administración y aprovechamiento del equipamiento tecnológico recibido, lo que derivó en el "uso ineficiente de recursos públicos".
El informe de la Contraloría concluye que la falta de control y de comunicación oportuna con el consorcio afectó negativamente la seguridad vial de peatones, ciclistas y conductores, e incrementó la probabilidad de accidentes de tránsito en la autopista Cuenca - Azogues y la avenida Enrique Arizaga Toral, además de generar un perjuicio económico de $154.169,31 por el consumo de energía y conectividad de los equipos instalados.
