El gobierno de Bolivia anunció el fin de los subsidios a los combustibles, lo que conllevará un aumento significativo en los precios de la gasolina y el diésel. Paralelamente, el presidente Rodrigo Paz informó sobre un incremento del 20% en el salario mínimo nacional, como parte de una estrategia para reducir el gasto estatal y combatir el contrabando de carburantes.
Según las nuevas medidas, el precio de la gasolina especial subirá de 3,79 a 6,96 pesos bolivianos, mientras que el diésel pasará de 3,74 a 9,80 pesos bolivianos. El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, explicó que estos ajustes buscan contener el gasto público y frenar el tráfico ilegal de combustibles hacia países vecinos.
El mandatario boliviano, Rodrigo Paz, justificó la eliminación de los subsidios afirmando que "no significa abandono, sino orden y justicia". Esta decisión se enmarca en el objetivo de transferir gradualmente al sector privado el abastecimiento nacional de combustibles.
Paralelamente, Paz anunció un aumento del 20% en el salario mínimo, que pasará de 2.750 a 3.300 pesos bolivianos (de 395 a 474 dólares). El presidente aseguró que estas medidas buscan proteger especialmente "a quienes más lo necesitan".
El anuncio se produce después de que el gobierno revelara que aproximadamente el 30% del combustible subvencionado termina en el contrabando hacia países vecinos. Según la directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala, existen sospechas de la participación de funcionarios públicos en el desvío de diésel y gasolina.
Ante esta situación, el gobierno boliviano ha creado una Comisión de la Verdad encargada de investigar la supuesta corrupción en el sector de hidrocarburos durante las gestiones de Evo Morales y Luis Arce, ambos del Movimiento al Socialismo (MAS). Paz enfatizó que el objetivo es recuperar los recursos que habrían sido desviados y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.
"Esto no es venganza, esto es justicia", afirmó el mandatario al oficializar la conformación de la comisión y presentar a sus integrantes. La investigación se enfocará específicamente en las políticas de nacionalización e industrialización de hidrocarburos implementadas desde 2006 hasta 2025.
Las medidas anunciadas por el gobierno boliviano buscan reducir el gasto estatal, combatir el contrabando de combustibles y recuperar los recursos que habrían sido desviados en el sector de hidrocarburos. Mientras tanto, el aumento del salario mínimo busca mitigar el impacto de los mayores precios de los carburantes en la población más vulnerable.
