El gobierno de Estados Unidos ha admitido en documentos judiciales las fallas que llevaron a la trágica colisión en el aire el 29 de enero entre un avión de pasajeros y un helicóptero militar, que cobró la vida de 67 personas en total.
En una presentación judicial, los abogados del gobierno reconocieron que "Estados Unidos admite que tenía un deber de cuidado hacia los demandantes, el cual incumplió, causando así directamente el trágico accidente". La admisión de responsabilidad se produjo en respuesta a las demandas presentadas por las familias de las víctimas.
El accidente ocurrió cuando el vuelo 5342 de American Eagle, que se aproximaba para aterrizar en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, colisionó con un helicóptero Black Hawk del Ejército. La demanda principal calificó el suceso como una "tragedia totalmente evitable" y "un accidente a punto de ocurrir".
Según la presentación del gobierno, los pilotos del helicóptero "no mantuvieron la vigilancia para ver y evitar otras aeronaves", y también se señaló que los pilotos del avión de pasajeros no lograron evadir el Black Hawk. Además, se admitió que un controlador de tráfico aéreo no cumplió con una orden de la Administración Federal de Aviación (FAA) sobre la separación visual de aeronaves.
Sin embargo, el gobierno negó otras afirmaciones, como que el control de tráfico aéreo no supervisó adecuadamente la trayectoria del helicóptero o que no le notificó que estaba demasiado alto o no le indicó que descendiera.
Tras el accidente, la FAA ha tomado medidas para restringir permanentemente las operaciones de helicópteros no esenciales en los alrededores del aeropuerto y eliminar el tráfico mixto de helicópteros y aviones. Además, el Senado aprobó recientemente la Ley de Transparencia y Supervisión de las Operaciones de Helicópteros (ROTOR), un proyecto de ley para abordar los problemas y fortalecer la seguridad aérea.
El Secretario de Transporte, Sean Duffy, afirmó que estas medidas han hecho que el aeropuerto sea más seguro y que la Ley ROTOR aumentará el protocolo de comunicación entre aeronaves. "Esta importante legislación se basa en ese progreso y esperamos trabajar con el Congreso para hacer que nuestro espacio aéreo sea la envidia del mundo", dijo Duffy.
La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) continúa investigando el accidente aéreo, y su presidenta, Jennifer Homendy, instó a la FAA a restringir drásticamente el tráfico de helicópteros cerca del aeropuerto, lo que llevó a la agencia a tomar las medidas mencionadas.
