El Congreso de Estados Unidos rechazó dos resoluciones que buscaban restringir la autoridad presidencial para ordenar acciones militares en territorio venezolano y contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico. Con este resultado, el gobierno de Joe Biden conserva la capacidad operativa para continuar con sus estrategias en la región sin necesidad de una nueva aprobación parlamentaria.
Las propuestas, impulsadas por sectores de la oposición legislativa, pretendían condicionar cualquier intervención armada o el uso de la fuerza a una autorización previa del Congreso. Sin embargo, la Cámara de Representantes no logró los votos necesarios para aprobarlas.
La primera iniciativa, centrada en detener las operaciones contra organizaciones designadas como terroristas en el hemisferio occidental, no alcanzó el respaldo suficiente. Asimismo, una segunda resolución que exigía el cese del uso de las Fuerzas Armadas en hostilidades directas contra Venezuela fue descartada por un estrecho margen.
Con estos resultados, el gobierno estadounidense mantiene la flexibilidad operativa para continuar con sus actuales despliegues y estrategias en la región, sin necesidad de un nuevo aval parlamentario. Esto representa un revés para los sectores que buscaban limitar la capacidad de acción del Ejecutivo en asuntos relacionados con Venezuela y el narcotráfico.
La decisión del Congreso se produce en un contexto de tensión geopolítica en América Latina, donde la administración Biden ha mantenido una postura firme frente al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Además, la lucha contra el tráfico de drogas sigue siendo una prioridad en la agenda de seguridad de Washington.
Analistas señalan que esta votación refleja la persistencia de una visión intervencionista en sectores influyentes del establishment político estadounidense, a pesar de los cuestionamientos a las políticas de injerencia en la región.
