El régimen de Nicolás Maduro en Venezuela ha cometido una nueva atrocidad al condenar a un menor de 17 años a 10 años de prisión por supuestos delitos de terrorismo, incitación al odio y cierre de vías públicas. Según denunció el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP), esta sentencia es "aberrante e injusta" y viola flagrantemente los derechos fundamentales del adolescente.
El joven, identificado como estudiante, pelotero y aprendiz panadero, fue arrestado el 9 de enero, un día antes de la investidura inconstitucional de Maduro. La detención se produjo en el marco de una convocatoria de la líder opositora María Corina Machado para manifestarse en defensa del triunfo electoral de Edmundo González Urrutia, actualmente exiliado.
Según el CLIPP, la detención del menor fue "arbitraria y sin orden judicial", atribuida únicamente a su "apariencia y vestimenta deportiva" bajo la presunción de portar "pinta de guarimbero" (manifestante violento). Sin embargo, la organización afirma que "no existe una sola prueba sólida" que sustente las acusaciones en su contra.
La condena de 10 años de prisión, de los cuales 6 serán de cárcel y 4 de trabajo comunitario, viola de forma flagrante el principio del interés superior del niño, recogido en la legislación venezolana. Según el CLIPP, la sentencia afecta el derecho a la libertad personal y el derecho a la educación del adolescente, interrumpiendo su continuidad académica y universitaria.
Este caso se enmarca en un contexto más amplio de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Según la ONG Foro Penal, en el país existen actualmente 893 presos políticos, de los cuales 889 son adultos y 4 son menores de entre 14 y 17 años. Tanto el Gobierno como la Fiscalía han negado la existencia de presos políticos, argumentando que las personas privadas de libertad han cometido delitos. Sin embargo, diversas organizaciones no gubernamentales y partidos opositores rechazan esta versión oficial, insistiendo en la naturaleza política de parte de los encarcelamientos.
La condena a este menor de 17 años es una muestra más de la brutalidad y el desprecio por los derechos humanos que caracteriza al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La comunidad internacional debe condenar enérgicamente este tipo de abusos y exigir la liberación inmediata de todos los presos políticos en el país.
