El año 2025 cierra en la República Dominicana con una sensación agridulce. Si bien los indicadores macroeconómicos muestran avances, la realidad en las calles, los hospitales y los tribunales revela un panorama mucho más complejo. La organización Participación Ciudadana plantea que ha sido un periodo de contrastes, donde las nuevas leyes intentan tapar grietas institucionales que siguen drenando la confianza pública.
A pesar de una leve mejoría en el Índice de Percepción de la Corrupción, la sensación de impunidad no se ha disipado. El escándalo de SENASA, donde se desviaron más de 15 mil millones de pesos destinados a salud, desnudó la vulnerabilidad del sistema y la crueldad de la corrupción, que se ha convertido en una forma de violencia social que afecta principalmente a los más pobres.
La lentitud de la justicia también sigue siendo un problema crítico. De los grandes casos de corrupción, solo el de Alexis Medina logró una sentencia de fondo, mientras que figuras como Jean Alain Rodríguez, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo siguen en un limbo de reenvíos y tácticas dilatorias, con el riesgo de que estos procesos prescriban o se diluyan en el olvido.
Otro punto preocupante es la confirmación de que el dinero sucio ha permeado las filas de la política dominicana. Casos vinculados al oficialismo evidenciaron que el narcotráfico no solo busca rutas, sino también curules y despachos, lo que pone en jaque la integridad del sistema político.
En el plano económico, el país sintió el frenazo, con un crecimiento apenas del 2% en un entorno de inflación creciente y servicios públicos deteriorados, lo que ha pasado factura al bolsillo del dominicano. La dependencia de las remesas y el endeudamiento externo siguen siendo la "muleta" del país, pero no solucionan los problemas estructurales.
El balance final de 2025 muestra que la República Dominicana está en una encrucijada. Por un lado, tiene instituciones que intentan profesionalizarse y un Ministerio Público valiente; por el otro, una estructura judicial pesada y una clase política que se resiste a soltar viejas prácticas de opacidad. El desafío para el 2026 es pasar de la indignación a la reforma estructural profunda que el país tanto necesita.
