El entorno fiscal en México se perfila hacia un punto de inflexión significativo para 2026, donde la forma tradicional de entender el cumplimiento tributario ya no será suficiente. Las empresas se enfrentan a un mayor escrutinio por parte de la autoridad fiscal, que ahora exige acreditar la sustancia real de las operaciones más allá de la mera formalidad.
Este nuevo escenario ha obligado a las empresas a replantear su ejercicio profesional dentro del ámbito fiscal y financiero. La creciente sofisticación de las revisiones ha elevado el estándar del mercado, demandando perfiles más especializados con conocimiento profundo en estructuras fiscales, operativas y patrimoniales.
Uno de los principales focos de atención de la autoridad es la congruencia entre lo facturado y lo realmente ejecutado. La evidencia ya no se limita a un contrato firmado, sino que abarca una amplia gama de elementos como capacitación comprobable, entregables claros y una lógica coherente entre el servicio ofrecido y la capacidad real para prestarlo.
En este contexto, la prevención se ha convertido en una prioridad ineludible. Esperar a que exista una auditoría para revisar estructuras, procesos y documentación se ha vuelto una estrategia costosa y, en muchos casos, tardía. Las empresas deben adoptar un enfoque proactivo de capacitación, revisión interna y profesionalización de las decisiones fiscales desde el día a día del negocio.
Las empresas que comprendan a tiempo este cambio de paradigma y actúen con criterio técnico serán las que logren adaptarse y sostener su crecimiento en un entorno fiscal que, cada vez más, exige claridad, sustancia y preparación real.
