El debate sobre el rol del gasto público en el desarrollo económico ha cobrado especial relevancia en Ecuador, donde se observa una compleja relación entre el gasto gubernamental y la evolución del Producto Interno Bruto (PIB) durante la última década.
Según investigaciones recientes, el gasto público se divide en dos factores clave: gasto corriente (salarios, gastos administrativos) y gasto de inversión (adquisición de activos fijos como infraestructura). Mientras que el gasto de inversión tiene un impacto positivo significativo en el crecimiento económico, particularmente en las ciudades metropolitanas, el gasto corriente presenta efectos más variables.
Los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central del Ecuador (BCE) revelan que durante el período 2016-2025, la erogación no permanente (inversión) ha experimentado una drástica reducción del 53.6%, mientras que la erogación permanente (gasto corriente) ha crecido un 29.6%. Específicamente, la inversión en activos no financieros (formación bruta de capital fijo, obra pública) cayó dramáticamente un 70.1%.
Esta tendencia es preocupante, ya que estudios internacionales demuestran que el gasto de inversión tiene una influencia más significativa en el crecimiento económico que el gasto corriente. De hecho, se estima que redirigir un 1% del PIB del consumo público de bajo impacto hacia la inversión en infraestructura podría elevar el producto alrededor de un 3.5% en economías de mercados emergentes como Ecuador.
Los expertos advierten que el gasto corriente excesivo también presenta riesgos, ya que puede tener un efecto amortiguador en el crecimiento a largo plazo si no se alinea cuidadosamente con políticas que mejoren la productividad. Además, la evidencia sugiere que la estructura del gasto público es tan importante como su magnitud total.
Para maximizar el impacto del gasto público en el crecimiento, los especialistas proponen estrategias como combinar actividades de investigación y desarrollo con inversiones en capital humano, equilibrar el gasto en infraestructura con el gasto en educación, y mejorar la eficiencia a través de la planificación fiscal plurianual y el condicionamiento de las asignaciones presupuestarias a los resultados obtenidos.
En el caso de Ecuador, los expertos coinciden en que es urgente revertir la tendencia decreciente de la inversión pública, implementando mecanismos para el control, evaluación y eficiencia en la asignación del gasto. Esto, junto con medidas para combatir la corrupción y mejorar la transparencia presupuestaria, podría ser clave para impulsar el crecimiento económico a largo plazo.
