La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) otorgó medidas cautelares a favor de nueve nicarag enses que fueron condenados a penas de hasta 133 años por su presunta participación en un ataque armado contra una caravana de simpatizantes del partido gobernante en Nicaragua en 2014.
Según la resolución de la Cidh, los nueve hombres -Walter Balmaceda, Jairo Obando, Jairo Obando, Eddy Gutiérrez, Zacarias Cano, Rosendo Huerta, Leonel Poveda, José Olivar Meza y José Ricardo Cortez- se encuentran en una situación de "gravedad y urgencia", ya que sus derechos a la vida, integridad personal y salud están en riesgo de "daño irreparable" bajo la custodia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
La Cidh explicó que los beneficiarios de las medidas cautelares no tienen acceso adecuado a atención médica para tratar sus problemas de salud y se encuentran en condiciones precarias de detención, con falta de acceso a agua potable, alimentación insuficiente y celdas insalubres. Además, estarían siendo objeto de amenazas por parte de los agentes penitenciarios.
El ataque a la caravana sandinista ocurrió en julio de 2014, cuando un grupo armado atacó a una comitiva que regresaba de celebrar el aniversario 35 de la caída del dictador Anastasio Somoza Debayle. El ataque dejó un saldo de cinco personas muertas y 40 heridas.
La Justicia nicarag ense declaró culpables a los nueve hombres por los delitos de conspiración, proposición para la ejecución de delitos de crimen organizado en concurso real de asesinato, lesiones gravísimas y daño agravado.
Sin embargo, la Cidh consideró que los derechos de estos nueve nicarag enses se encuentran en riesgo y solicitó al Estado de Nicaragua que adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Además, pidió que se implementen las condiciones de detención adecuadas y se realice una evaluación médica integral sobre su situación de salud.
La resolución de la Cidh se produce en medio de una grave crisis política y de derechos humanos en Nicaragua, donde el gobierno de Ortega ha sido ampliamente cuestionado por la represión y persecución a la oposición.
