El proyecto de ley presentado por el senador Manuel José Ossandón (RN) con el objetivo de modernizar el Congreso Nacional y reajustar las remuneraciones de sus funcionarios fue declarado inadmisible por la Sala. La iniciativa buscaba eliminar beneficios y limitar nuevas asignaciones salariales, ante la revelación de que 181 trabajadores del Congreso ganan más que los propios parlamentarios y el Presidente de la República.
La propuesta de Ossandón, que proponía establecer periodos de 4 años renovables por una sola vez para cargos clave, fue frenada debido a que incurre en materias de gasto fiscal, las cuales son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, según lo establece la Constitución.
Ahora, la única opción para que el proyecto continúe su tramitación es que el Ejecutivo decida patrocinarlo. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, confirmó que evaluarán la pertinencia de hacerlo, pero el tiempo apremia, ya que solo restan 5 semanas para que finalice el actual periodo parlamentario.
El escándalo por los "supersueldos" del Congreso se destapó recientemente, revelando que más de 130 funcionarios tienen remuneraciones brutas superiores a los 8,4 millones de pesos mensuales, llegando incluso a los 19 millones en algunos casos. Esta situación se genera por un sistema remuneracional propio y complejo, alejado de los estándares del sector público.
Expertos en transparencia han respaldado la necesidad de abordar este tema, señalando que las iniciativas para "normalizar los salarios de los funcionarios del Congreso" tienen fundamento y deben ser atendidas. Sin embargo, los propios trabajadores del Parlamento se han mostrado descontentos con la propuesta de Ossandón.
El destino final de esta iniciativa dependerá de la decisión que tome el Gobierno en las próximas semanas, en un contexto de creciente presión pública por abordar las distorsiones salariales en el Congreso.
