Luego del escándalo de presunta corrupción que envuelve al Seguro Nacional de Salud (SeNasa) en República Dominicana, los legisladores de distintos partidos políticos consideran que la reforma a la Ley de Seguridad Social que se debate en el Congreso Nacional debe cerrar los vacíos legales que permitieron fraudes administrativos y proteger los recursos destinados a la atención médica de millones de dominicanos.
Los parlamentarios subrayaron que es obligatorio fortalecer los mecanismos de control, fiscalización y transparencia, así como endurecer las sanciones contra funcionarios y particulares que incurran en prácticas fraudulentas dentro del sistema, considerado uno de los pilares del acceso a la salud pública en el país.
La senadora Lía Díaz, quien también es médica, lamentó lo ocurrido en la institución y destacó que con la reforma a la Ley 87-01 se debe reivindicar a la clase más vulnerable, devolviéndole al pueblo la fe y la seguridad de tener una salud de calidad.
Por su parte, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, manifestó que no solo en las instituciones relacionadas con la salud se deben establecer controles más estrictos para evitar prácticas fraudulentas, sino en todas las dependencias gubernamentales, acabando con la cultura de que los políticos pueden usar los cargos públicos para resolver sus problemas personales.
Los senadores y médicos Daniel Rivera y Moisés Ayala también resaltaron la necesidad de contar con una normativa regulatoria más robusta que permita evitar delitos de esa naturaleza en el futuro, destacando la importancia de modificar y ampliar conceptos como la supervisión más directa, la verificación y organismos de seguimiento.
Para el diputado Luis Gómez, es necesario que tanto la Ley de salud como los organismos de control jueguen un rol más eficiente en la administración, evitando que grupos desmantelan las arcas del Estado. Mientras, el diputado y vocero del partido Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, criticó al Gobierno por no actuar de manera oportuna pese a las denuncias públicas sobre la "mafia" que operaba en SeNasa.
La propuesta que se debate en la sede legislativa contempla mayor participación de los órganos fiscalizadores, auditorías periódicas obligatorias y controles más estrictos en los procesos de contratación, afiliación y manejo financiero. Los legisladores subrayaron que la reforma no responde a un caso aislado, sino a la necesidad de preservar la confianza ciudadana en el sistema de seguridad social, asegurando que los recursos lleguen a quienes verdaderamente los necesitan y no sean desviados por intereses particulares.
Se espera que el proyecto sea debatido en el menor tiempo posible, en medio de un clima de presión social que exige transparencia, justicia y consecuencias reales frente a los delitos que afectan directamente la salud de la población.
