La Contraloría General de la República emitió una aclaración importante sobre los informes de auditoría relacionados con el financiamiento político poselectoral. Según la entidad, estos informes presentados ante el Tribunal Electoral no sustituyen la obligación de los diputados y autoridades electas de rendir cuentas directamente ante la Contraloría.
La aclaración surge luego de que se señalaran incumplimientos en la rendición de cuentas por parte de algunos diputados, principalmente de la coalición Vamos. De acuerdo a los registros oficiales, existe información pendiente de presentación dentro de los plazos establecidos por parte de ciertos candidatos electos por libre postulación.
En ese sentido, la Contraloría precisa que el Movimiento Otro Camino (MOCA) y la diputada electa Alexandra Brenes y Luis Duke sí entregaron la documentación correspondiente, pero fuera del tiempo reglamentario, por lo que continúan sujetos a procesos de verificación administrativa.
A nivel municipal, los informes revelan que las alcaldesas por libre postulación Irma Hernández, del distrito de San Miguelito, y Stefany Peñalba, del distrito de Arraiján, no han registrado rendiciones de cuentas dentro del plazo, pese a haber recibido financiamiento político poselectoral.
La Contraloría reitera que la rendición de cuentas ante esta institución es un proceso independiente y obligatorio, distinto al que se desarrolla ante el Tribunal Electoral. Mientras este último evalúa los informes desde la perspectiva del financiamiento electoral, la Contraloría ejerce su función fiscalizadora bajo el esquema de control previo, que exige la presentación trimestral de informes sobre el uso de los recursos públicos.
Asimismo, la entidad advierte que las personas naturales o jurídicas que no cumplieron con la entrega de la rendición de cuentas dentro del plazo establecido serán sometidas a los procesos de revisión correspondientes, incluyendo auditoría forense, conforme a los procedimientos internos y al marco legal vigente.
La Contraloría aclara que estas actuaciones no responden a señalamientos ni a ataques contra ninguna agrupación política, movimiento ciudadano o actor en particular, sino que forman parte del cumplimiento de su mandato constitucional de velar por la transparencia y la correcta administración de los fondos públicos.
