La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia deberá cumplir, en un plazo máximo de 24 horas, con la excarcelación de la exdefensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum Yoselewich, a quien el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José le otorgó arresto domiciliario, en sustitución del cumplimiento de su condena en el Centro de Atención Institucional Vilma Curling.
Tal como reveló CR Hoy la tarde de este martes, la exfuncionaria saldrá de prisión luego de que se le concediera este beneficio bajo la modalidad de monitoreo electrónico mediante tobillera. La resolución ya fue dictada y notificada a las partes, incluida la administración penitenciaria.
El Juzgado ordenó que, dentro de ese breve plazo, se realicen los ajustes necesarios para ejecutar la nueva medida, lo que implica cumplir con varios pasos administrativos, según confirmó la abogada defensora, Alejandra Araya.
"Lo que se estila es que es un procedimiento administrativo, porque esto no es una libertad plena. Entonces, lleva varios trámites, los cuales efectivamente lo hace la misma institución. Tendrá que trasladarlo a cierto lugar, habrá que ponerle ciertas condiciones, etcétera, pero todo lo que corresponde a un trámite completo administrativo que ya no depende ni del juzgado.
Es en las próximas 24 horas que ya tiene que estar gozando de su nueva modalidad. Lo que se dispone siempre lo que se ordena por parte de la juzgadora es que en el plazo de 24 horas se hagan todas las diligencias necesarias para que ella, pues ya pueda ser trasladada al lugar en donde se estableció como su lugar de de ejecución", explicó la jurista.
Taitelbaum purga su condena desde el 25 de octubre de 2024, fecha en la que se entregó en los Tribunales de Goicoechea, luego de que en enero de ese mismo año un tribunal le impusiera la pena. Son 7,5 años de cárcel por 29 delitos de uso de documento falso.
La sentencia quedó en firme cuando la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación penal con el que se pretendía impugnar la condena. El alto tribunal declaró inadmisible la gestión interpuesta por su abogado de entonces.
Para tomar la decisión, la jueza a cargo valoró esencialmente dos aspectos: la situación médica y los padecimientos que presenta la privada de libertad, así como la avanzada edad de la exdefensora de los Habitantes, quien está próxima a cumplir 77 años. Según la defensa, existen situaciones personales y una serie de padecimientos científicamente demostrados que resultan incompatibles con la atención disponible dentro del sistema penitenciario.
Los hechos por los que fue condenada se remontan a 2014, cuando renunció como jerarca de la Defensoría de los Habitantes tras una denuncia pública de la costurera María de los Ángeles Otárola, quien aseguró que se le negó asegurar a su hijo ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). La negativa se basó en registros de la Dirección General de Tributación a nombre de Otárola por más de 30 millones, correspondientes a supuestos servicios profesionales que nunca prestó.
Tras hacerse pública la denuncia, también trascendió una conversación telefónica en la que la entonces defensora le pedía a Otárola que se retractara ante la prensa. A cambio, le ofrecía asumir la deuda con Hacienda, agilizar trámites para que obtuviera una pensión y ayudarle a conseguir una vivienda.
