El Ministerio Público ha desarrollado una creciente y sostenible práctica de negociación penal con imputados señalados como presuntos autores de delitos de corrupción administrativa y otros delitos. Si bien la negociación penal está contemplada en el ordenamiento jurídico dominicano, los ciudadanos denuncian que los fiscales la están aplicando de manera indebida, negociando con todos los imputados sin distinción.
La negociación penal, conocida como "plea bargaining" en Estados Unidos o "acuerdos de leniencia" en Brasil, permite al fiscal y al imputado llegar a un acuerdo, reduciendo la pena a cambio de colaboración o aceptación de cargos, con el objetivo de agilizar procesos complejos. En República Dominicana, esta herramienta fue introducida en el 2004 a través del Código Procesal Penal.
Sin embargo, la fuente indica que los fiscales están aplicando el criterio de oportunidad, una de las formas de negociación penal, de manera indiscriminada, incluso con imputados que tuvieron una mayor participación en los delitos. Según la ley, este criterio solo debe aplicarse a aquellos imputados que hayan tenido una leve participación en la estructura criminal.
"Actualmente, el Ministerio Público negocia y aplica esta herramienta penal con cualquier imputado que ofrezca devolver millones de pesos. Pero resulta, que esta institución procesal penal conforme a la ley no aplica para todos los imputados. No todos clasifican para el criterio de oportunidad", indica la fuente.
Los ciudadanos denuncian que esta práctica de negociación indiscriminada genera incredulidad y desconfianza en la sociedad, pues se percibe como una forma de beneficiar a los imputados de mayor rango en las estructuras de corrupción. Exigen que los fiscales respeten los requisitos legales y que los jueces de instrucción cumplan con su rol de verificar el cumplimiento de dichos requisitos.
"Actualmente fiscales negocian con todos. Como si se tratara de usar la famosa frase de un político que dijo 'entren to carajo'. Pero aquí no caben todos", señala la fuente.
Un ejemplo de esta inconformidad ciudadana se evidenció en una multitud que se presentó el domingo en los alrededores del Palacio de Justicia, en Ciudad Nueva, para exigir que a los acusados del presunto fraude cometido en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) se les aplique prisión preventiva, de lo contrario, amenazaron con "pegarle fuego a Cortes de JUSTICIAS".
