La ciudad de Guayaquil, en Ecuador, se ha convertido en un escenario de creciente inseguridad, donde los ciudadanos temen salir a las calles, especialmente en esta temporada navideña. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por controlar la situación, la realidad en las calles muestra un panorama desolador, con una ola delincuencial que parece imparable.
Según los reportes, la Bahía de Guayaquil se ha convertido en una "zona de cacería" para los delincuentes, quienes acechan a los compradores y aprovechan cualquier descuido para arrebatarles sus pertenencias. Incluso en otras zonas comerciales de la ciudad, la gente sale a comprar con miedo, ante la falta de seguridad.
Los operativos conjuntos entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas no han logrado frenar esta ola de delincuencia. De hecho, el descaro de los delincuentes ha llegado a tal punto que se han registrado ataques a plena luz del día, como el caso de un grupo de motociclistas que golpeó y desvalijó a un hombre en una vía pública, ante la mirada impotente de los transeúntes.
Esto ha generado una serie de interrogantes sobre la eficacia de las medidas de seguridad implementadas por las autoridades. ¿Realmente funcionan las cámaras "ojo de águila"? ¿Hay operadores vigilando en tiempo real o solo aparecen cuando el video ya se ha viralizado y la víctima ha quedado a su suerte?
Mientras las autoridades insisten en que la seguridad está bajo control, la realidad en las calles de Guayaquil grita lo contrario. Los ciudadanos se sienten cada vez más inseguros y temen salir a las calles, incluso en plena temporada navideña, cuando tradicionalmente las compras y la actividad comercial deberían estar en su apogeo.
Esta situación de inseguridad parece ser un problema estructural que requiere de soluciones integrales y a largo plazo. Será necesario que las autoridades redoblen sus esfuerzos, no solo en términos de operativos y despliegue de fuerzas de seguridad, sino también en la implementación de políticas públicas que aborden las raíces del problema, como la prevención del delito, la rehabilitación de delincuentes y la atención a las comunidades más vulnerables.
