El Gobierno de Ecuador se encuentra en una delicada situación frente a la creciente crisis eléctrica que amenaza al país. Por un lado, la escasez sostenida de lluvias en las cuencas hídricas que rodean el complejo hidroeléctrico de Paute ha provocado que el nivel del embalse de Mazar comience a descender, pese a haber estado completamente lleno durante varios meses.
Esta situación genera una gran preocupación, ya que el embalse de Mazar es crucial para garantizar la producción de energía eléctrica en el país. Según informó el Ministerio de Ambiente y Energía, el nivel de llenado del embalse se encuentra cercano al 94%, mucho mayor al 24% registrado hace un año. Sin embargo, este volumen solo garantizaría entre uno y dos meses de generación eléctrica, incluso si el estiaje se agravara.
Pero la crisis eléctrica ecuatoriana no se limita únicamente a los factores climáticos. El Gobierno también enfrenta serios problemas en las contrataciones de provisión de energía térmica, las cuales se han caído, poniendo en riesgo cientos de millones de dólares entregados en calidad de anticipo a empresas extranjeras. Según la Contraloría, estas empresas habrían engañado al Estado al importar motores usados o no compatibles con el sistema de interconexión del país.
Ante esta situación, el Gobierno ha sido criticado por su pasividad en dar soluciones tangibles y urgentes al problema energético, cuya demanda crece cada año. Los megavatios incorporados en estos meses, ya sea mediante producción de energía directa o contratada, han sido insuficientes para garantizar el suministro eléctrico.
Mientras tanto, el Ministerio de Ambiente y Energía ha tenido que frenar de inmediato la difusión de mensajes alarmistas sobre posibles "apagones" en las redes sociales, calificándolos como "irresponsables" y hasta con "propósitos malsanos". Sin embargo, la crítica también se dirige hacia el Gobierno por su falta de transparencia y acciones concretas para abordar esta crisis.
En resumen, el Gobierno ecuatoriano se enfrenta a una compleja situación en la que la escasez de lluvias y los problemas en las contrataciones de energía térmica amenazan la estabilidad del suministro eléctrico del país. Ante esta crisis, se espera que el Gobierno tome medidas urgentes y efectivas para garantizar el abastecimiento energético y evitar mayores consecuencias para la población y la economía nacional.
