En Ecuador, el debate sobre la prescripción de algunos delitos ha sido impulsado por la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN). La asambleísta Diana Jácome presentó un proyecto de reforma que plantea que los delitos de terrorismo y delincuencia organizada no prescriban.
La propuesta busca reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para agregar que "también son imprescriptibles, tanto en la acción como en la pena, los delitos de terrorismo y su financiación y de delincuencia organizada, cuando esta tenga como propósito cometer los delitos de tráfico de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, terrorismo, actividad ilícita de recursos mineros, sicariato, secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, pornografía infantil, tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares o biológicas o lavado de activos".
Sin embargo, expertos legales han cuestionado la viabilidad de esta iniciativa, argumentando que la imprescriptibilidad de ciertos delitos requiere una reforma constitucional y no solo una modificación al COIP.
El abogado constitucionalista André Benavides señaló que la propuesta debe profundizar sobre el juzgamiento en ausencia de los delitos relacionados con el crimen organizado. Además, resaltó que la vía correcta para tramitar esta reforma es a través de una enmienda a la Constitución de la República.
Por su parte, el abogado experto en derecho constitucional Gonzalo Muñoz explicó que no es posible establecer la imprescriptibilidad de ciertos delitos reformando únicamente el COIP, sino que se debe modificar el artículo 80 de la Constitución, tal como se hizo en 2018 para volver imprescriptibles los delitos sexuales contra niños y adolescentes.
Según el razonamiento de la bancada de ADN, la reforma permitiría investigaciones más completas, reduciría las oportunidades para que líderes y miembros de organizaciones criminales evadan la acción de la justicia, y reforzaría la capacidad sancionadora del Estado frente a delitos que socavan su institucionalidad.
Sin embargo, el abogado penalista Pablo Encalada considera que la propuesta es "populista" y no tiene mucho sentido, ya que la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción ha servido "básicamente para la persecución política".
El debate sobre la prescripción de delitos en Ecuador continúa, con voces que cuestionan la viabilidad de la propuesta de ADN y resaltan la necesidad de seguir los procedimientos constitucionales adecuados para lograr cambios en esta materia.
