La Constitución define al Ministerio Público como el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de políticas contra la criminalidad, de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Por su parte, el Poder Judicial es el encargado de impartir justicia en nombre del pueblo.
En este contexto, los fiscales y jueces tienen una enorme responsabilidad en la prevención, persecución, sometimiento y sanción de crímenes y delitos. Sin embargo, estas facultades no son suficientes para suplir el rol de los poderes Ejecutivo y Legislativo en el diseño y ejecución de políticas públicas encaminadas a fortalecer el combate contra la corrupción y la impunidad.
El caso del escándalo de corrupción en el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) es un claro ejemplo de esta dinámica. El juez Roberto Sena impuso medidas de coerción consistentes en prisión preventiva por 18 meses contra siete encartados en el expediente, incluido el exdirector de la institución, Santiago Hazim, y medidas menos gravosas contra otros implicados.
La corrupción en todas sus vertientes es un tipo de infracción penal que corresponde al Ministerio Público y a la Policía Judicial perseguir y llevar a los órganos jurisdiccionales. No obstante, el Gobierno y el Congreso tienen la obligación de diseñar y ejecutar códigos, leyes y políticas públicas que mitiguen este flagelo.
Sin combatir el crimen en su raíz, el Estado estaría compelido a construir más cárceles que escuelas, y la democracia tendría que sostenerse en regímenes de fuerza que anularían el incipiente estado social de derecho, como ha ocurrido en otras naciones.
La multitud que el domingo en la noche se congregó frente al Palacio de Justicia cargó su irritación contra el Orden Judicial sin entender quizás que a los jueces solo se les puede reclamar que sus pronunciamientos, fallos o sentencias estén siempre apegados a la ley y a las pruebas, evidencias o alegatos presentados por el órgano acusador y por la defensa de los imputados.
Lo que debería quedar claramente establecido es que la corrupción se combate todos los días y en la que deben participar Gobierno, Congreso, Justicia, Ministerio Público, partidos, empresariado, academias, sindicatos, cooperativas, sociedad civil y la sociedad toda.
