La Fiscalía Regional Metropolitana Occidente lideró una operación a nivel nacional denominada "Operación Apocalipsis", que logró desarticular una estructura criminal que se había instalado al interior de los centros penitenciarios Santiago 1 y San Joaquín. La investigación, que duró meses, reveló un ecosistema delictual consolidado donde funcionarios públicos se habrían coludido con redes externas y con internos para el ingreso ilegal de bienes, cohecho y tráfico.
El operativo contempló 77 órdenes de detención, de las cuales 42 recaen sobre gendarmes y 35 sobre civiles, incluyendo extranjeros. Según las autoridades, esta organización criminal habría movido más de 6.300 millones de pesos en los últimos tres años.
Entre los principales esquemas desmantelados se encuentra el denominado "Las Manillas", donde al menos siete agrupaciones operaban para ingresar de forma ilegal teléfonos, drogas, alcohol y otros artículos prohibidos a los penales. Además, se detectó corrupción en el control peatonal, conocido como "Aduana", donde funcionarios se habrían coludido para permitir el ingreso de elementos ilícitos.
La investigación, que utilizó técnicas como interceptación telefónica, vigilancias y análisis bancario, también reveló que algunos gendarmes se comportaban como delincuentes, sustrayendo equipos incautados durante allanamientos para luego revenderlos a los mismos internos.
El fiscal regional Marcos Pastén calificó este operativo como "uno de los mayores golpes contra la corrupción carcelaria" en Chile, y destacó la importancia de la colaboración de algunos gendarmes que decidieron denunciar a sus pares.
