La finalización de un contrato de alquiler suele venir acompañada de una discusión habitual entre el propietario y el inquilino sobre la devolución de la fianza. Aunque muchos arrendadores interpretan que pueden retener ese dinero hasta revisar el estado del inmueble, la Ley de Arrendamientos Urbanos deja poco margen para ello.
La fianza es una cantidad obligatoria que el inquilino entrega al inicio del contrato como garantía. En el caso de las viviendas, equivale a una mensualidad de renta y su finalidad es cubrir posibles desperfectos, impagos u otros incumplimientos contractuales. Sin embargo, esa función de garantía no habilita al propietario a conservar el dinero sin límite temporal una vez que el alquiler ha terminado.
Según el artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, una vez finalizado el contrato y entregadas las llaves, el arrendador dispone de un máximo de 30 días para devolver la fianza al inquilino, siempre que no existan cantidades justificadas que descontar. Cuando ese plazo se supera sin que se haya producido la devolución, la ley introduce que la cantidad pendiente comienza a generar el interés legal del dinero.
Es decir, el propietario no solo deberá devolver la fianza, sino que tendrá que abonar un importe adicional en concepto de intereses, incluso aunque finalmente no existan daños ni deudas imputables al inquilino. Una vez que se cumple el plazo, el arrendatario puede reclamar formalmente la cantidad adeudada.
Lo habitual es iniciar el proceso con un requerimiento por escrito, dejando constancia de que el plazo legal ha vencido. Si el casero mantiene su negativa o guarda silencio, la vía judicial queda abierta y suele resolverse con rapidez cuando no hay una justificación sólida para la retención. De hecho, existen resoluciones que consideran que el arrendador entra en mora automática si no devuelve la fianza dentro del plazo legal.
Esto significa que los propietarios podrían enfrentar multas e intereses si no cumplen con la devolución de la fianza en el tiempo estipulado por ley, lo que podría generar problemas legales y financieros para quienes no respeten este derecho de los inquilinos.
