Costa Rica enfrenta una preocupante ola de violencia, con un alarmante aumento en los índices de homicidios durante este 2025. Según las estadísticas reportadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los primeros 15 días de diciembre ya se han registrado 25 homicidios, una cifra que, si bien es menor a la del mismo período del año anterior, sigue reflejando una tendencia al alza.
De acuerdo con los datos proporcionados, Costa Rica acumula 832 muertes por esta causa hasta el momento, una cifra que se aproxima a los 880 homicidios proyectados para el cierre del año en curso. Esta previsión es prácticamente idéntica a la registrada en 2024, lo que evidencia la persistencia de este grave problema de seguridad.
El ministro de Seguridad, Mario Zamora, ha criticado duramente la situación, señalando que, a pesar de los grandes esfuerzos de la Fuerza Pública por detener a personas sospechosas de cometer delitos, la mayoría de ellas quedan en libertad en cuestión de horas. Esto, según Zamora, ha repercutido directamente en la cantidad de homicidios que se han registrado.
"Tenemos el reto de transformar las leyes para que estas personas que la policía detiene no queden tan fácilmente y tan ligeramente nuevamente en libertad para volver a cometer delitos", aseguró el ministro.
La mayoría de los asesinatos siguen teniendo como móvil el ajuste de cuentas, y en el 78% de los casos se ha utilizado un arma de fuego para cometer el crimen. Preocupa especialmente que el grupo etario más afectado sea el de jóvenes entre 18 y 29 años, con 300 víctimas.
San José sigue siendo la provincia más violenta, con 281 homicidios, seguida de Limón con 166 y Puntarenas con 119. Cartago y Heredia son las provincias con menor incidencia de este tipo de delitos.
Ante esta alarmante situación, las autoridades han reconocido la necesidad de implementar medidas más efectivas para abordar la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos costarricenses. La reforma de las leyes y una mayor coordinación entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial parecen ser pasos fundamentales para lograr un cambio significativo en esta problemática.
