El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, convocó para mañana martes a la 22 Sesión Ordinaria en la que se abordarán al menos dos puntos cruciales para el Órgano Ejecutivo, como son el préstamo de la CAF por $us 550 millones, denominado para la 'Liquidez en apoyo a la gestión económica' y el Presupuesto General del Estado (PGE) 2026.
La sesión, que está convocada para las 10:00 horas, tiene cinco puntos, de los cuales tres fueron aplazados de la anterior reunión. Empezará con el tratamiento de una ley que aprueba el contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por $us 30 millones para la construcción del Parque Lineal para La Paz y El Alto.
Luego, se prevé que se inicie el tratamiento del Proyecto de Ley 067/2025-2026 que aprueba el contrato suscrito el 27 de noviembre entre el Estado boliviano y CAF. De acuerdo con información publicada por el organismo multilateral, se trata de la primera operación concreta del Programa de Apoyo para la Recuperación Económica (PAREC) que el presidente de CAF, Sergio Díaz-Granados, presentó al presidente Rodrigo Paz Pereira.
"Con el Programa de Apoyo para Bolivia queremos acompañar al nuevo gobierno en la transformación de los desafíos estructurales en oportunidades concretas de crecimiento sostenible, fortaleciendo la estabilidad macroeconómica, mejorando la conectividad regional y priorizando el bienestar de millones de bolivianos", manifestó Díaz-Granados, en la oportunidad.
El crédito fue gestionado por Paz en su viaje a Panamá, antes de asumir la Presidencia del Estado, y es parte de un acuerdo financiero más amplio que llega a un total de $us 3.100 millones que tienen el objetivo de reactivar la economía de Bolivia.
En la sesión del martes, está previsto el tratamiento del Proyecto de Ley N 049/2025-2026 de Presupuesto General del Estado (PGE), que en su proyecto original presentado por la administración de Luis Arce, contempló un gasto consolidado de Bs 298.332 millones.
El Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ya adelantó que se busca aprobar el PGE 2026 sin modificaciones inmediatas, para luego solicitar a la Asamblea Legislativa un plazo hasta febrero de 2026 para una reforma que implemente el régimen 50/50 (50% de recursos para regiones) y reduzca el déficit fiscal en unos 30%, ya que el presupuesto original no lo contemplaba.
El objetivo es que el PGE reformulado esté vigente a partir de marzo de 2026, cumpliendo una promesa electoral de distribución más justa de recursos.
