El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) documentó 100 violaciones a la libertad de expresión y prensa durante el mes de noviembre en Cuba, una de las cifras más altas registradas en el segundo semestre de 2025.
Según el informe mensual "Sin voz, ni derechos: balance represivo del régimen cubano", el gobierno cubano activó los seis indicadores que mide la organización, con un énfasis especial en ataques, amenazas y agresiones psicológicas, que se convirtieron en el principal mecanismo represivo del mes, con un incremento del 165% respecto a octubre.
Estas acciones incluyeron campañas de difamación, intimidación directa, vigilancia, citaciones y hostigamiento sostenido, especialmente contra periodistas y medios independientes. Además, se registró un aumento del 233% en el uso abusivo del poder estatal, con apoyo de instituciones públicas, funcionarios, fiscales y jueces para castigar la disidencia y simular legalidad en la represión.
Las restricciones en el espacio digital también se duplicaron, con censura en internet, bloqueos selectivos y la vigilancia digital como herramientas clave para limitar la circulación de información independiente. Si bien las detenciones arbitrarias y las agresiones físicas disminuyeron en términos numéricos, esto no representó una mejora real, sino un desplazamiento estratégico hacia formas menos visibles, pero más sistemáticas de coerción.
El 63% de las violaciones se registraron en La Habana, el principal foco de control político e informativo, debido a la mayor presencia de periodistas independientes, medios alternativos y actores cívicos. Le siguen Santiago de Cuba (7%) y Matanzas (5%), donde el aumento del activismo ciudadano y las denuncias públicas han generado una respuesta represiva sostenida.
Aunque los hombres (44) continúan siendo las principales víctimas de la represión directa, el informe evidencia un patrón diferenciado de hostigamiento contra mujeres periodistas y activistas (25), quienes enfrentan con mayor frecuencia amenazas, campañas de difamación, acoso psicológico y presiones dirigidas a sus entornos familiares.
Según el ICLEP, la Seguridad del Estado se consolida como el principal perpetrador de estas violaciones, con 74 hechos documentados (77,1%). A ella se suman la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), el sistema penitenciario, el sistema judicial, ETECSA y, de forma especialmente alarmante, los medios de comunicación oficialistas, implicados en 49 hechos (51%) como instrumentos activos de difamación, estigmatización y represión simbólica contra la prensa independiente.
Estos datos confirman que la represión en Cuba es una política de Estado integral, donde los órganos de seguridad, las instituciones judiciales, el sistema penitenciario y el aparato mediático oficial actúan de manera coordinada para silenciar la crítica, controlar el discurso público y generar miedo social.
