La reforma laboral impulsada por el gobierno no solo contempla modificaciones en el régimen de empleo, sino también una serie de cambios impositivos y esquemas de incentivos orientados a apuntalar las inversiones y la generación de puestos de trabajo. Estos ajustes tendrán un impacto relevante en las cuentas públicas, aunque se excluyen recortes a algunos de los tributos más distorsivos.
Entre los principales puntos de la reforma se destaca la creación del Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), que ofrece beneficios fiscales como la devolución anticipada del IVA y la posibilidad de aplicar amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias. Este esquema está dirigido a proyectos productivos de hasta USD 30 millones.
Asimismo, se propone una reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para Sociedades. A partir de 2026, la tasa general bajaría del 30% al 27%, mientras que la alícuota más alta se reduciría del 35% al 31,5%.
Otro punto clave es la eliminación de los Impuestos Internos que actualmente alcanzan a los seguros, los servicios de telefonía celular y satelital, los objetos suntuarios, los vehículos automotores y motores, así como a las embarcaciones de recreo o deportivas y las aeronaves.
Además, se plantea la derogación de los dos impuestos cedulares, correspondientes a inmuebles y a la renta financiera, con excepción de las monedas digitales. También se elimina el cargo del 10% sobre las entradas de cine destinado al financiamiento del INCAA.
Según estimaciones de la consultora Invecq, el impacto fiscal total del proyecto completo ascendería al 0,83% del PBI. La mayor parte de este costo (0,5%) correspondería a la reducción de las contribuciones patronales del capítulo laboral, mientras que el 0,33% restante obedece a los incentivos tributarios.
Desde la consultora PxQ, destacaron que la reforma implica una "reducción significativa en los costos laborales no salariales", lo que podría representar un ahorro de hasta $12,33 millones por mes para una empresa industrial mediana con una nómina de $100 millones.
Sin embargo, los analistas también advirtieron que la iniciativa del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para indemnizaciones "introduce un riesgo fiscal de mediano plazo sobre la sostenibilidad previsional", al generar un desfinanciamiento del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
Expertos consultados coinciden en que, si bien los cambios impositivos son bienvenidos por su contribución a simplificar el esquema tributario, no abordan el núcleo de las principales distorsiones, que requerirían una reforma más profunda sobre tributos como Ingresos Brutos, el impuesto al cheque o las retenciones.
