La minería boliviana se enfrenta a un complejo dilema que amenaza su desarrollo, según lo advierte Heiddi Ruiz Gonzales, abogada especializada en Derecho Minero. En una entrevista con el diario El Diario, Ruiz Gonzales señala que la Ley 535, la burocracia estatal y la ausencia de seguridad jurídica han convertido a Bolivia en un país poco atractivo para la inversión en este sector, a pesar de contar con más de 9.000 empresas registradas.
La Ley 535, conocida como la Ley de Minería y Metalurgia, ha sido un punto de conflicto desde su aprobación en 2014. Según la experta, esta normativa ha impuesto una serie de requisitos y trámites engorrosos que han dificultado el desarrollo de las actividades mineras en el país. "La Ley 535 ha creado una gran burocracia que entorpece los procesos y genera incertidumbre entre los inversionistas", afirma Ruiz Gonzales.
Uno de los principales problemas radica en la excesiva intervención estatal en el sector. La abogada señala que la burocracia gubernamental, con sus múltiples autorizaciones y permisos, ha convertido a Bolivia en un destino poco atractivo para la inversión minera, a pesar de su riqueza en recursos naturales.
Asimismo, la experta advierte sobre la falta de seguridad jurídica en el país. "La ausencia de un marco legal estable y predecible ha generado desconfianza entre los inversionistas, quienes temen que sus derechos y sus inversiones no estén debidamente protegidos", explica Ruiz Gonzales.
Esta situación ha tenido un impacto directo en el desarrollo de la minería boliviana. Según los datos proporcionados, Bolivia cuenta con más de 9.000 empresas registradas en el sector, lo que evidencia su potencial. Sin embargo, la combinación de una legislación compleja, la burocracia estatal y la inseguridad jurídica han limitado la capacidad de crecimiento y expansión de esta industria clave para la economía del país.
Para revertir esta tendencia, la experta abogada sugiere la necesidad de una reforma integral de la Ley 535, que simplifique los trámites y procesos, y brinde mayor certeza jurídica a los inversionistas. Además, destaca la importancia de una mayor coordinación entre el gobierno y el sector privado para generar un entorno más propicio para el desarrollo de la minería boliviana.
