La cooperativa de motomandados de la provincia alertó sobre la inconstitucionalidad del Régimen de Servicios Personales de Reparto y Mensajerías que integra el paquete de reformas laborales que el Gobierno nacional espera llevar al Congreso. Según indicaron, la iniciativa propone reclasificar a los repartidores de plataformas como "prestadores independientes", lo que significaría un retroceso en materia de derechos laborales y expondría al colectivo de trabajadores a un esquema de mayor vulnerabilidad.
El proyecto presentado define a los trabajadores de reparto de plataformas como "repartidores independientes de plataformas", es decir, prestadores de servicios sin relación de dependencia. Bajo esta figura, las plataformas y los repartidores podrían pactar "libremente" los términos contractuales, al margen de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y de otros regímenes protectores.
La nueva categoría jurídica desplazaría la presunción de laboralidad, un principio central del derecho del trabajo argentino, y establecería un vínculo de naturaleza comercial. Para la cooperativa, este punto constituye una de las principales señales de alarma, porque alteraría la finalidad protectoria que la Constitución y las leyes laborales asignan a la regulación del empleo.
Entre las obligaciones previstas para las plataformas, el texto plantea brindar información sobre los pedidos, garantizar la "libertad de conexión", facilitar elementos de seguridad vial, ofrecer un seguro de accidentes personales y establecer mecanismos de trazabilidad. Sin embargo, los voceros de la organización señalaron que estas obligaciones no reemplazarían las garantías de un vínculo laboral formal.
La cooperativa advirtió que varios aspectos del proyecto podrían contradecir principios constitucionales vinculados a la protección del trabajo. Entre los puntos cuestionados mencionaron en primer lugar la evasión del amparo laboral, ya que el proyecto intentaría dejar fuera de la aplicación de la LCT a miles de trabajadores al definir su vínculo como un contrato comercial. Esta clasificación podría violar el derecho a un trabajo digno, a condiciones justas y a la protección estatal, todos ellos consagrados en la Constitución.
Asimismo, entendieron que el régimen contribuye a la desigualdad y precarización, ya que negaría derechos esenciales como aguinaldo, vacaciones pagas, licencias médicas, aportes previsionales plenos y estabilidad. Esto generaría una diferencia sustancial frente al resto de los trabajadores formalizados, lo cual, según la cooperativa, atentaría contra el principio de igualdad ante la ley.
Además, alertaron sobre el debilitamiento sindical y desprotección colectiva, ya que el régimen dejaría a los repartidores fuera de los convenios colectivos de trabajo y de las organizaciones sindicales formalmente reconocidas. Para la cooperativa, esto vulneraría la libertad sindical y afectaría la negociación colectiva como herramienta central de defensa de derechos.
Los referentes del sector reclamaron que el Congreso revise integralmente el régimen antes de avanzar con su tratamiento legislativo. Enfatizaron la necesidad de un debate público amplio, donde participen organizaciones de trabajadores, sindicatos, especialistas en derecho laboral y entidades de la sociedad civil.
La cooperativa exigió que cualquier regulación de plataformas garantice que no derive en un esquema de precarización encubierta y reconozca el carácter laboral de la relación cuando existan elementos de dependencia, tal como prevé la normativa vigente. Remarcaron que la presunción de laboralidad, la protección social y la estabilidad son pilares que deben mantenerse como garantías mínimas.
