Los fondos de inversión Burford y Eton Park volvieron a presionar a la justicia de Estados Unidos para que obligue a altos funcionarios argentinos a entregar comunicaciones privadas de WhatsApp, que según los demandantes contienen pruebas clave sobre el supuesto "alter ego" entre el Estado y las empresas estatales.
En una reciente presentación, los fondos afirmaron que la jueza Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, ya ordenó a Argentina entregar los mensajes enviados fuera de los canales oficiales, ya que estos chats deben considerarse información pública. Sin embargo, el país habría entregado hasta ahora solo 200 páginas de conversaciones de apenas 5 de los 36 funcionarios identificados como custodios de datos relevantes.
Los fondos sostienen que ese material confirma su hipótesis de que funcionarios nacionales utilizaban chats paralelos para tratar asuntos oficiales con directivos de YPF y Enarsa, la empresa estatal de energía. Como ejemplo, citaron grupos de WhatsApp donde participaban un exsubsecretario de Energía, directores de Enarsa y funcionarios nacionales.
Por su parte, el Gobierno argentino argumentó que el proceso de recolección de comunicaciones en dispositivos personales es "complejo y extremadamente demandante", ya que los teléfonos no son propiedad del Estado y muchos funcionarios permiten acceso solo a chats específicos. Señaló que ya se recuperó información de 5 de los 15 funcionarios que dieron su consentimiento, y que solo 6 se negaron a permitir la revisión, amparándose en protecciones de la ley argentina.
Además, el país afirmó que el volumen de material entregado por YPF, el Banco Nación y otras entidades demuestra que la teoría de los demandantes es "inconsistente" y que no lograron probar que el Estado controle de manera dominante las operaciones de las empresas estatales.
En paralelo, las partes discuten los términos de búsqueda para revisar correos oficiales, ya que Burford asegura que Argentina se niega a entregar un reporte que muestre cuántos documentos coinciden con cada búsqueda, lo que retrasa la producción. El Gobierno, por su parte, niega obstrucción y afirma que los demandantes exigen palabras clave irrelevantes.
El tribunal deberá decidir en los próximos días si obliga a Argentina a acelerar la entrega de los chats privados. Para los fondos, esto es crucial para probar que el Estado ejerce control operativo sobre YPF. Para el Gobierno, en cambio, se trata de un intento de "forzar evidencias" en un terreno sensible: los teléfonos personales de los principales funcionarios.
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