La Corte Nacional de Justicia de Ecuador ha llamado a juicio a 24 personas, entre ellas a la exprimer dama Rocío González, por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como Sinohydro. Según la Fiscalía, González habría actuado como cómplice del delito de cohecho al beneficiarse de sobornos de la empresa china Sinohydro, encargada de la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Las investigaciones señalan que parte de los sobornos, estimados en 76 millones de dólares, habrían sido canalizados mediante consultorías ficticias, empresas intermediarias y triangulaciones financieras. En el caso específico de Rocío González, los fiscales identifican supuestos beneficios por aproximadamente 547.000 dólares.
Antes de llegar al Palacio de Carondelet como primera dama durante la presidencia de su esposo, Lenín Moreno, entre 2017 y 2021, Rocío González trabajó en el sector financiero y en actividades empresariales, especialmente en el sector turístico. Durante el gobierno de Moreno, González mantuvo un rol visible en programas sociales y en actividades de apoyo comunitario, aunque también enfrentó cuestionamientos por el manejo de fundaciones vinculadas a la Primera Dama.
Ahora, junto a su esposo y su hija Irina Moreno González, Rocío González deberá enfrentar este proceso judicial que se ha convertido en uno de los casos de corrupción más grandes en Ecuador en la última década, debido al alcance familiar y político de los implicados.
El expresidente Lenín Moreno, su esposa y su hija son algunos de los 24 acusados en este caso, que involucra a altos funcionarios y empresarios en un esquema de sobornos y triangulación de fondos relacionados con la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair por parte de la empresa china Sinohydro.
Según la Fiscalía, los sobornos habrían sido canalizados a través de consultorías ficticias, empresas intermediarias y movimientos financieros complejos, con el fin de beneficiar a los implicados, entre ellos la exprimer dama Rocío González, quien habría recibido aproximadamente 547.000 dólares.
Este caso ha generado gran impacto en Ecuador, pues pone en evidencia la corrupción a nivel de las más altas esferas del poder político y económico del país. La sociedad ecuatoriana sigue de cerca el desarrollo de este proceso judicial, que podría tener importantes repercusiones en el futuro político del país.
