La Fiscalía de Medio Ambiente y la Marina de Guerra de Perú han descubierto amplias operaciones de minería ilegal en las regiones de Huánuco y Ucayali, en plena Amazonía. Durante los operativos, se hallaron dragas ocultas, motores industriales y campamentos instalados en sectores como Pampas Verdes, donde el bosque amazónico ha sido reemplazado por talleres y pozas contaminadas.
Según un informe del programa "Cuarto Poder", las autoridades lograron destruir la maquinaria utilizada para remover el lecho del río Pachitea y extraer oro con mercurio, lo que ha generado graves daños ambientales en la zona. Las imágenes satelitales muestran cómo en apenas tres años, las áreas verdes se han convertido en cráteres de agua turbia.
La Fiscalía estima que estas actividades ilegales mueven más de 12 mil millones de soles al año, superando incluso al narcotráfico. Entre los principales operadores identificados figura Nilda Cisneros Barrientos, una persona con antecedentes penales, registrada como proveedora del Estado y militante política, quien incluso fue grabada agrediendo a policías durante un operativo.
Las autoridades sostienen que la magnitud de la maquinaria y la logística revela un financiamiento organizado detrás de estas actividades extractivas. El fiscal Frank Almanza advirtió que la falta de presencia estatal ha permitido que la minería ilegal se arraigue y gane respaldo en algunos sectores, además de alterar el curso de los ríos y modificar el mapa hídrico de la Amazonía.
Esta situación pone en evidencia la grave problemática de la minería ilegal en Perú, que no solo genera un enorme impacto ambiental, sino que también está vinculada a redes de corrupción y crimen organizado. Las autoridades han emprendido acciones para frenar este flagelo, pero se enfrentan a un desafío complejo que requiere de una estrategia integral y el compromiso de todos los actores involucrados.
