Nicaragua ha asumido un compromiso formal y por escrito ante los demás países de Centroamérica para implementar un nuevo acuerdo regional destinado a facilitar y agilizar los trámites aduaneros. La entrada en vigencia de estas normativas está programada para el 29 de abril de 2027, buscando una modernización del sistema de comercio exterior. Sin embargo, este anuncio ha sido recibido con escepticismo por parte de usuarios y empresarios del sector, quienes cuestionan si el régimen respetará los acuerdos o si continuará utilizando las aduanas como herramientas de recaudación excesiva y extorsión.
El marco legal de este cambio se fundamenta en la actualización del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA V) y su correspondiente Reglamento (RECAUCA V), los cuales fueron aprobados el pasado 29 de octubre de 2026 por el Consejo de Ministros de Integración Económica (COMIECO) durante una sesión celebrada en Managua.
Según datos proporcionados por una nota de prensa del Ministerio de Economía de Guatemala, la implementación de este acuerdo permitirá la transición hacia un modelo de gestión más eficiente. Entre las mejoras previstas se encuentran la posibilidad de efectuar trámites sin el uso de papel, la habilitación de pagos en línea y la realización de declaraciones anticipadas. Asimismo, se establece que las autoridades aduaneras ya no podrán solicitar información que ya se encuentre en su poder, con el objetivo primordial de reducir los costos y los tiempos de despacho de las mercancías.
Uno de los puntos más destacados para los ciudadanos es la modificación en el régimen de equipaje y artículos personales. El valor de las mercancías sin fines comerciales que un viajero puede ingresar al país, adicional a su equipaje personal y sin pagar tributos, se elevará de 500 a 2,000 dólares. Este beneficio podrá utilizarse una vez cada seis meses, permitiendo un máximo de dos aplicaciones al año.
A pesar de estos avances normativos, la confianza de los operadores comerciales es baja. Josué, representante de una empresa costarricense que mantiene vínculos comerciales con Nicaragua, manifestó su esperanza de que el acuerdo se cumpla en ambas direcciones. El empresario subrayó que, si bien es importante que los nicaragüenses aprovechen el beneficio sin intentar evadir impuestos mediante negocios disfrazados de equipaje, es fundamental que "la dictadura lo cumpla".
Por su parte, Arturo, quien se desempeña en una agencia aduanera nicaragüense, expresó que la realidad en las fronteras suele ser distinta a lo escrito en los códigos. Según Arturo, aunque el límite suba a 2,000 dólares, existe el riesgo de que los funcionarios sigan catalogando artículos personales como "menaje de casa" para obligar al viajero a pagar tributos o, en su defecto, a entregar una "coima". El experto señaló que, idealmente, si el viajero presenta las facturas que demuestren el precio pagado, no debería realizar ningún pago, lo cual representaría un beneficio real para quien ingresa al país.
Desde una perspectiva ejecutiva, Adrián, un especialista del sector, advirtió que existen mecanismos para denunciar cualquier incumplimiento ante el Consejo de Ministros. Según explicó, el nuevo código fortalece la parte jurídica y establece comités aduaneros encargados de recordar a Nicaragua sus obligaciones legales. Adrián señaló que el país podría enfrentar repercusiones graves si decide ignorar el tratado, incluyendo la imposición de cargas arancelarias basadas en el Acuerdo General de Aranceles y Comercio.
El ejecutivo destacó una contradicción importante: Nicaragua tuvo un rol protagónico en la creación de estas normas, ya que fueron durante sus dos presidencias pro témpore cuando se aprobaron el CAUCA y el RECAUCA. Esto, según Adrián, otorga al país una "doble responsabilidad" en el cumplimiento de lo pactado.
La preocupación de los empresarios se basa en años de discrecionalidad administrativa. Las quejas recurrentes se centran en la aplicación de las llamadas "dudas de valor", una práctica que eleva los costos de producción interna y resta competitividad a las empresas nicaragüenses frente a sus competidores centroamericanos.
Finalmente, persiste la inquietud sobre la capacidad operativa del Estado. Mientras algunos esperan que la digitalización elimine los procesos "arcaicos" de llenado de documentos a mano, otros, como Arturo, sostienen que el cumplimiento de las leyes en el país siempre ha dependido de la conveniencia del Estado. Además, se ha propuesto que los países coordinen mejor la aceptación de procesos mutuos, como los permisos fitosanitarios, para reducir el margen de riesgo y agilizar el flujo comercial regional.
