El Gobierno Federal de Brasil ha remitido formalmente al Senado un proyecto de ley complementar destinado al ajuste de las cuentas públicas. Esta iniciativa surge como una respuesta a los riesgos asociados a la falta de control sobre las finanzas estatales y busca implementar una serie de medidas que incluyen la revisión de beneficios fiscales y una política estricta de contención de gastos. Según las estimaciones oficiales, el paquete de medidas podría generar un impacto económico de aproximadamente R$ 60 mil millones para el año 2027.
El objetivo central del equipo económico es lograr la aprobación de estas medidas para cumplir con la meta fiscal establecida para 2027, la cual prevé alcanzar un superávit de R$ 73 mil millones. Para asegurar este resultado, el proyecto propone la implementación de un mecanismo específico diseñado para frenar el ritmo de crecimiento de los gastos públicos en escenarios donde la recaudación sea inferior a lo previsto. De acuerdo con el texto del proyecto, cada vez que exista un riesgo real de incumplimiento de la meta fiscal, el crecimiento de los gastos quedará limitado a un 2% por encima de la inflación, reduciendo el límite actual que se sitúa en el 2,5%.
Asimismo, la propuesta faculta al Ejecutivo para realizar el contingenciamiento de la totalidad de los gastos, con la única excepción de aquellas despesas que son obligatorias según la Constitución, tales como los beneficios destinados a la previdencia social. Esta flexibilidad busca otorgar al gobierno una herramienta de ajuste rápido ante fluctuaciones negativas en los ingresos del Estado.
Otro de los puntos neurálgicos del proyecto es la modificación del llamado "piso de la Salud", que es el valor mínimo que el gobierno está obligado a destinar a dicha área. Actualmente, este monto se calcula basándose en el total de la recaudación. Sin embargo, la nueva propuesta permite que, hasta el año 2030, los ingresos provenientes de la exportación de petróleo queden excluidos de este cálculo. Esta medida técnica podría traducirse en una reducción de la despesa en salud de aproximadamente R$ 10 mil millones.
En materia tributaria, el proyecto prevé el recorte de beneficios fiscales, lo que implica la eliminación de descuentos o exenciones de impuestos para diversos sectores productivos. Aunque el gobierno no ha especificado cuáles serán los sectores afectados por estos recortes, se estima que la economía generada por esta acción podría alcanzar los R$ 15 mil millones. De manera paralela, el texto retoma la intención de eliminar los denominados "supersalarios" en el servicio público, proponiendo un plazo perentorio de 120 días para que el Congreso apruebe el proyecto sobre este tema que ya se encuentra en trámite.
Durante una audiencia celebrada en la Comisión Mixta de Presupuesto, el ministro de Planificación, Bruno Moretti, reafirmó que la estimación es lograr un ahorro cercano a los R$ 60 mil millones a través de este paquete, combinando acciones orientadas tanto al aumento de la recaudación como a la reducción de los gastos operativos.
A pesar de los esfuerzos gubernamentales, la propuesta ha sido recibida con escepticismo por diversos analistas económicos. Algunos expertos sostienen que la mayoría de las acciones presentadas no atacan el crecimiento de los gastos a largo plazo, lo que podría resultar insuficiente para reducir las tasas de interés o contener el crecimiento de la deuda pública.
Natalie Victal, economista jefe de SulAmérica Investimentos, señaló que el proyecto de ley complementar no ha sido exitoso en proporcionar una visibilidad clara sobre la trayectoria de endeudamiento o la estabilización de la deuda a futuro. Según Victal, el plan se centra excesivamente en medidas puntuales y carece de un enfoque prospectivo. Para lograr la estabilización del endeudamiento, afirma la economista, sería necesario alcanzar resultados primarios considerablemente más elevados que los anunciados hasta el momento.
Por su parte, Ecio Costa, profesor de Economía de la UFPE, advirtió que la reducción en la expansión de los gastos podría no ser suficiente si la recaudación disminuye el próximo año debido a una actividad económica más baja. Costa observó que las cifras proyectadas han ido disminuyendo, pasando de una estimación inicial de R$ 80 mil millones a R$ 60 mil millones, o posiblemente R$ 50 mil millones. Para el profesor, este enfoque se asemeja a medidas implementadas anteriormente en el gobierno Lula 3, enfocándose más en la elevación de los ingresos que en el recorte real de gastos, lo cual representa un punto de preocupación en el paquete presentado.
