El Poder Legislativo de Panamá ha promulgado la Ley 564, con fecha del 9 de noviembre de 2026, una normativa diseñada para introducir restricciones estrictas en la producción y comercialización de alimentos dentro del territorio nacional. Esta legislación tiene como objetivo principal limitar la presencia de grasas trans industriales en los productos alimenticios, estableciendo un marco regulatorio que busca mitigar los riesgos para la salud de la población panameña.
De acuerdo con los términos de la nueva ley, se ha fijado un límite máximo permitido de ácidos grasos trans de producción industrial. La normativa establece que el contenido de estas sustancias no podrá superar el 2% respecto al contenido de grasa total presente en los alimentos. En términos cuantitativos, esto se traduce en un tope de dos gramos de grasas trans por cada 100 gramos de grasa total. Esta restricción no solo aplica al producto final, sino que se extiende a los aceites, grasas y emulsiones que se utilicen durante los diversos procesos de elaboración de los alimentos.
La vigilancia y el cumplimiento de estas métricas estarán bajo la supervisión directa del Ministerio de Salud, organismo encargado de asegurar que los estándares de calidad y seguridad alimentaria se mantengan dentro de los parámetros legales.
Un punto crítico de la normativa se encuentra en el artículo 5 de la Ley 564, el cual prohíbe explícitamente la producción, venta y distribución de aceites y grasas parcialmente hidrogenadas destinadas al consumo humano. Esta prohibición, detallada en la Gaceta Oficial 30649 B, marca un cambio significativo en la industria alimentaria del país. No obstante, la ley contempla una excepción específica: las grasas provenientes de carnes de rumiantes y sus derivados no están sujetas a esta prohibición, ya que la legislación se enfoca exclusivamente en las sustancias originadas mediante procesos industriales.
Para facilitar la transición hacia este nuevo modelo, el Gobierno ha establecido un periodo de adaptación total de 36 meses para la industria alimentaria, abarcando tanto a empresas nacionales como internacionales. Este plazo se ha estructurado en tres etapas sucesivas y acumuladas para permitir un ajuste gradual: una fase inicial de 12 meses, seguida de una segunda etapa de 18 meses, hasta completar el ciclo total de 36 meses. Durante este tiempo, los fabricantes e importadores tienen la obligación de revisar exhaustivamente la formulación de sus portafolios de productos y modificar los etiquetados correspondientes para describir la composición de manera clara y transparente para el consumidor.
El incumplimiento de estas disposiciones conlleva un régimen sancionatorio riguroso. Las penalizaciones incluyen multas económicas, la suspensión temporal de las actividades comerciales o, en casos extremos, la cancelación definitiva de los permisos de funcionamiento. El sistema de multas se divide según la gravedad de la falta: las infracciones leves conllevarán sanciones económicas que oscilan entre los 100 y los 10.000 balboas. En situaciones de reincidencia, los montos se incrementan, situándose entre los 10.001 y los 100.000 balboas. Finalmente, las faltas calificadas como gravísimas, especialmente aquellas que representen un peligro directo para la salud pública, podrán enfrentar multas que van desde los 100.001 hasta los 250.000 balboas.
Esta medida legislativa no es un hecho aislado, sino que alinea a Panamá con las políticas globales de salud promovidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). La reducción de las grasas trans industriales es una prioridad sanitaria a nivel global debido a su vinculación con enfermedades cardiovasculares. Según datos proporcionados por la OMS, el consumo de estas grasas es responsable de más de 278.000 muertes anuales en todo el mundo. Asimismo, la entidad advierte que la ingesta elevada de grasas trans industriales incrementa en un 34% el riesgo de fallecimientos por cardiopatía coronaria, justificando así la urgencia de implementar controles estrictos en la industria alimentaria.
