La tragedia humana tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que azotaron Venezuela el pasado 24 de junio ha dejado cicatrices profundas y preguntas sin respuesta. Para Ailin Quiroz, la devastación se materializó al llegar a la costa y encontrar una montaña de escombros donde antes se erigía el edificio de apartamentos donde residían su hermana y otros seis familiares. Tras horas de búsqueda entre las ruinas de la torre de 13 pisos, Quiroz no logró hallar rastro de sus seres queridos, enfrentando ahora la inquietud de por qué su hogar se desplomó mientras otros rascacielos cercanos permanecieron en pie.
El edificio de Quiroz fue una de las 15 torres de viviendas públicas en la localidad costera de Caraballeda que se derrumbaron durante los sismos. Aunque el Gobierno venezolano no ha publicado una lista oficial y completa de los fallecidos, se estima que miles de personas pudieron haber muerto, considerando que cada una de estas torres, que superaban los ocho pisos de altura, albergaba al menos 240 apartamentos.
Un análisis exhaustivo de videos e imágenes realizado por CNN sugiere que la tragedia masiva pudo haber sido impulsada por graves deficiencias en la construcción. Las pruebas visuales revelan que en cinco de los complejos gubernamentales donde colapsaron las 15 torres, los soportes de barras de refuerzo —estribos de acero diseñados para dar resistencia al concreto— fueron ensamblados incorrectamente, infringiendo los códigos de construcción vigentes. En tres de estos complejos, las imágenes también muestran un óxido profundamente arraigado en los soportes metálicos, lo que expertos señalan como un indicio de concreto de mala calidad.
Ingenieros estructurales, sismólogos y especialistas en construcción venezolana que revisaron las evidencias afirmaron que estas fallas aumentaron la vulnerabilidad de las torres ante sismos de gran magnitud. Kit Miyamoto, ingeniero estructural basado en Caracas, explicó que así es como falla una estructura de concreto cuando no se construye correctamente, comparando la deficiencia de los estribos con un barril de vino cuyas bandas de acero no están bien ensambladas.
La construcción de estas torres fue encargada en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez a través de la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE). Este organismo fue creado como parte de un ambicioso plan para construir tres millones de viviendas en nueve años. Las torres de Caraballeda, situadas cerca de la falla de San Sebastián, fueron edificadas en apenas un año bajo una presión extrema. Francisco Sesto, exdirector y arquitecto jefe de la OPPPE, detalló en su blog que el presidente exigió la construcción de 200.000 viviendas solo para el año 2012, lo que obligó a los equipos a trabajar en dos o tres turnos diarios.
Lucas Pou, exdirectivo de la OPPPE, admitió que era habitual adjudicar contratos sin licitación mediante directivas de emergencia para acelerar los procesos, aunque aclaró que no trabajó directamente en los proyectos de Caraballeda. Por su parte, Francisco Sesto defendió la gestión ante The New York Times, argumentando que no es riguroso centrarse en unos pocos edificios de la Gran Misión cuando también colapsaron estructuras privadas. Sin embargo, datos satelitales indican que en Caraballeda el 63% de las torres de gran altura construidas por la autoridad de vivienda pública se derrumbaron.
Desde el punto de vista técnico, el código de construcción venezolano de 2006 exigía que los estribos en edificios de gran altura en La Guaira se doblaran en ángulos de 135 grados para evitar que el sismo rompiera las ataduras de vigas y columnas. No obstante, imágenes captadas durante la construcción en 2011 y tras los sismos de 2026 muestran que muchos estribos fueron doblados solo a 90 grados. Jeffrey Dowgala y Terrence Paret, ingenieros especializados en resistencia sísmica, advirtieron que unos pocos estribos mal ensamblados pueden comprometer la integridad total de una viga o columna.
Además, se detectaron otras irregularidades: barras de acero colocadas demasiado cerca unas de otras sin estar agrupadas, contraviniendo el código de 2006. Testimonios de trabajadores de la construcción revelaron que se mezclaban otros productos con el concreto para hacer rendir los materiales, mientras que residentes reportaron que los pisos se agrietaban con cualquier impacto y que existían filtraciones persistentes y fugas de aguas residuales desde hacía años.
Actualmente, una comisión gubernamental liderada por Francisco Garcés analiza casi 100 edificios mediante mediciones y muestras de materiales. A pesar de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó la suspensión de la OPPPE en febrero, meses antes de los terremotos, la incertidumbre persiste. En Carabeleda, el complejo OPPPE 25, donde cinco de siete torres sobrevivieron, ha sido evacuado y sus residentes viven en tiendas de campaña, pues fotografías de su construcción en 2012 ya mostraban los mismos defectos de los estribos de 90 grados. Hasta la fecha, el Ministerio de Comunicación y la alcaldía de La Guaira no han respondido a las solicitudes de comentarios.
