El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que es obligación imperativa de cualquier administración autonómica, tomando como ejemplo la Junta de Andalucía, proceder a la recuperación de las vías pecuarias que hayan sido usurpadas, ocupadas o cerradas de manera ilegal. Este fallo judicial abre el camino legal para que miles de senderos y caminos que forman parte del patrimonio público vuelvan a ser accesibles y recuperen su función original.
La resolución judicial surge a raíz de una reclamación interpuesta por la asociación La Plazoleta-Ecologistas en Acción en Rota, Cádiz. Esta organización ha mantenido una lucha constante por la recuperación de terrenos públicos que habían sido usurpados por agricultores en zonas específicas, concretamente en la Colada de los Charcos, la Colada de Cebollares y la Colada de Cobalengo.
Juan García, miembro de dicha asociación, ha explicado a EFE que durante años presentaron diversos escritos solicitando que la Junta de Andalucía cumpliera con su responsabilidad legal. Según García, la superficie pública en cuestión ya contaba con el deslinde reconocido desde los años 2005 o 2006, pero a pesar de ello, los terrenos seguían ocupados ilegalmente sin que la administración tomara medidas efectivas. Ante la inacción administrativa, la asociación decidió recurrir a la vía judicial para forzar la recuperación de los espacios.
Un ejemplo crítico de esta situación se observa en la Colada de Cebollares. Esta vía pecuaria posee una anchura reglamentaria de 37,5 metros, sin embargo, la ocupación ilegal de los terrenos ha reducido el espacio disponible de tal manera que actualmente solo queda habilitado un carril estrecho, por el cual apenas puede transitar un tractor.
El proceso judicial comenzó en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Cádiz, donde se dio la razón a los ecologistas. Posteriormente, la Junta de Andalucía interpuso recursos que llevaron el caso al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que confirmó la sentencia inicial. Finalmente, en octubre, el Tribunal Supremo ratificó la decisión, estableciendo así una jurisprudencia que puede aplicarse a caminos públicos que sufran ocupaciones similares en cualquier punto del territorio nacional.
En la sentencia, el Tribunal Supremo es tajante al señalar que la orden de iniciar, tramitar y resolver los procedimientos de recuperación de oficio de este patrimonio público constituye una "obligación" para la administración competente. El tribunal subraya que no se trata de una "facultad discrecional" de la administración, sino de un deber legal. Por lo tanto, el hecho de no actuar supone un incumplimiento de las normas legales, lo cual es revisable por la jurisdicción. Asimismo, el Supremo ha determinado que la administración no puede justificar la falta de respuesta alegando la carencia de medios técnicos o materiales.
Por su parte, la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha respondido a través de fuentes oficiales, asegurando que ya han iniciado 67 procedimientos administrativos en las coladas de Rota y que ya se han dictado 60 resoluciones. Desde el departamento sostienen que la Junta no ha permanecido a la espera de la resolución judicial, sino que ha venido desarrollando las actuaciones necesarias para avanzar en la recuperación de estas vías.
Este fallo judicial representa un respaldo a las reivindicaciones que diversas entidades ecologistas han promovido durante años. Manolo Trujillo, miembro de la asociación A Desalambrar de Córdoba y de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos —que agrupa a unas treinta entidades en España—, ha señalado que el Supremo "abre la puerta" a la recuperación de estos espacios siempre que se haya reconocido el deslinde.
Trujillo advierte que, aunque se desconoce la superficie total ocupada, existen casos de usurpación que datan de hace siglos, aunque el problema se ha intensificado en los últimos 20 años. Según el representante de la plataforma, estas ocupaciones están presentes en toda España, siendo especialmente abundantes en las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
Andalucía es la comunidad autónoma que posee la red de vías pecuarias más extensa de España, con un total de 32.772 kilómetros. Estas infraestructuras presentan dimensiones variables según su tipología, pudiendo tener anchuras que oscilan entre los 20 metros, en el caso de las veredas, y los 75 metros, en el caso de las cañadas.
