El Gobierno de la Provincia de Salta ha oficializado el inicio de una nueva temporada destinada al aprovechamiento comercial de la iguana colorada, estableciendo un marco regulatorio estricto que busca equilibrar la generación de ingresos para las poblaciones locales con la preservación de la fauna silvestre. La medida, que quedó formalizada a través de la Resolución Nº 899/2026 de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y fue publicada el pasado 4 de noviembre en el Boletín Oficial, permitirá la actividad hasta el 31 de marzo de 2027.
Esta autorización tiene un alcance geográfico delimitado, afectando específicamente a cuatro departamentos de la provincia: Anta, San Martín, Rivadavia y Orán, sumando además al municipio de El Galpón, ubicado en el departamento de Metán. Para esta temporada, la autoridad provincial ha fijado un cupo máximo de 30.000 cueros, lo que representa una reducción significativa en comparación con el periodo anterior, en el cual se habían autorizado hasta 40.000 unidades.
En términos económicos, el Gobierno ha establecido un pago de 10.000 pesos por cada pieza que cumpla estrictamente con los requisitos técnicos exigidos. Uno de los puntos centrales de la normativa es el control del tamaño de los ejemplares capturados: para que un cuero sea aceptado y comercializado legalmente, debe poseer un ancho mínimo de 30 centímetros, medido de forma transversal. Aquellos ejemplares que no alcancen esta dimensión mínima serán decomisados por las autoridades correspondientes, asegurando así que los animales hayan alcanzado la madurez necesaria antes de ser extraídos de su hábitat.
La normativa no solo se enfoca en la captura, sino que extiende sus exigencias a toda la cadena de valor. Los comerciantes y acopiadores que participen en el circuito legal deben estar obligatoriamente inscriptos en los registros provinciales y contar con la documentación que acredite la procedencia lícita de los productos. Asimismo, estas figuras intermediarias tienen la responsabilidad de registrar detalladamente la identidad de los cazadores, las cantidades de cueros adquiridas, los lugares de origen y los montos pagados a los recolectores.
El aprovechamiento de la iguana colorada no es una actividad nueva, sino una práctica profundamente arraigada en las comunidades originarias y criollas del Chaco salteño. Especialmente durante los meses de verano, cuando la actividad de estos reptiles aumenta, la recolección y venta de cueros se convierte en una alternativa económica complementaria fundamental para numerosas familias rurales de la región. El objetivo de la Provincia es, precisamente, integrar esta práctica tradicional en un circuito legal que permita obtener beneficios económicos sin poner en riesgo la supervivencia de la especie.
Este sistema de manejo tiene sus raíces en una Carta Acuerdo firmada en el año 2000 entre las autoridades provinciales de fauna silvestre y la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la Nación. Desde aquel momento, se han implementado tareas constantes de seguimiento poblacional. A través de la medición de los cueros y el registro del sexo de los ejemplares, los especialistas pueden analizar las modificaciones en la estructura demográfica de la especie y ajustar los cupos de captura para las temporadas siguientes.
La actual regulación se inserta dentro del Proyecto Tupinambis, un programa de alcance nacional dedicado al manejo sustentable de los lagartos overo y colorado. Este proyecto se extiende por diversas provincias argentinas, incluyendo a Salta, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Santa Fe y Jujuy. El programa busca armonizar la preservación de las especies y sus hábitats con el sostenimiento de las actividades económicas tradicionales, estableciendo criterios comunes sobre cupos máximos, tamaños mínimos y temporadas reguladas.
Desde la Secretaría de Ambiente se subrayó que la recopilación de información biológica es la herramienta clave para definir las condiciones de aprovechamiento futuro. El desafío central para las autoridades consistirá en garantizar que los controles se ejecuten con eficacia, tanto en las zonas de captura como en los centros de acopio, para asegurar que la actividad siga siendo una fuente de sustento para las comunidades sin comprometer la biodiversidad de la región.
