El Pleno legislativo aprobó este viernes 6 de noviembre de 2026 un proyecto de ley que introduce 45 reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad). La decisión se tomó mediante una votación que registró 83 votos a favor, 59 en contra y dos abstenciones. Este articulado, que unifica un total de 14 iniciativas legales, ha sido remitido al presidente Daniel Noboa, quien deberá proceder con su sanción o el ejercicio de su facultad de veto.
La propuesta, impulsada principalmente por la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), introduce cambios significativos en la permanencia de las autoridades seccionales. El eje central de la reforma instaura dos causales específicas que pueden derivar en la pérdida definitiva del cargo para prefectos, alcaldes, gobernadores regionales y presidentes de juntas parroquiales rurales.
La primera de estas causales establece que la ausencia temporal de la autoridad no podrá exceder los 90 días continuos. Una vez cumplido este término, la falta será considerada definitiva, lo que activará automáticamente los procesos de sucesión formal. Es importante destacar que, para el cómputo de este tiempo, se contabilizarán incluso las asistencias realizadas de manera virtual. Por otro lado, la segunda causal de destitución se aplicará a aquellas autoridades seccionales que paralicen obras que hayan quedado pendientes de administraciones anteriores.
En lo referente a las responsabilidades de los concejales y consejeros, la nueva normativa incorpora la obligación legal de cumplir una jornada laboral formal de 40 horas semanales. Acompañando esta medida, se les exige asistencia puntual y la rendición de cuentas de forma periódica. Asimismo, la ley ratifica la garantía del fuero de Corte Provincial para estos funcionarios.
Para fortalecer la fiscalización, el texto legal otorga a los ediles la potestad de requerir información documental y extiende sus capacidades de auditoría, permitiéndoles ahora inspeccionar el funcionamiento de las empresas públicas municipales.
El proyecto, que fue tramitado en la Comisión de Gobiernos Autónomos bajo la presidencia de Cristian Benavides, también introduce facilidades para la regularización de la propiedad urbana. Se autoriza la venta directa de bienes inmuebles municipales a favor de arrendatarios y posesionarios que se encuentren en asentamientos humanos de hecho. Además, se incorpora la figura de la expropiación especial con fines de regularización y se establece un plazo máximo de 12 meses para la emisión y notificación de títulos de crédito por contribución especial de mejoras.
En materia de conectividad, la ley busca simplificar los trámites administrativos y fijar incentivos específicos para las áreas rurales, delimitando además las facultades territoriales frente a las empresas de telecomunicaciones.
Sobre la seguridad, el nuevo modelo estructural obliga a los municipios y prefecturas a asumir la gobernanza territorial de la seguridad. Esto deberá ejecutarse a través de la aplicación del Plan Provincial de Seguridad y Convivencia Ciudadana, asignando a los cabildos responsabilidades para mitigar la violencia y evaluar los riesgos locales.
En el ámbito institucional y de transparencia, los órganos legislativos locales estarán obligados a transmitir todas sus sesiones en vivo mediante plataformas digitales y a habilitar ventanillas electrónicas de atención. Asimismo, se definen funciones fijas para los viceprefectos y se establecen nuevos requisitos para la creación de parroquias o cantones.
Durante el debate legislativo, surgieron posturas encontradas. La legisladora Patricia Núñez, de Revolución Ciudadana (RC), cuestionó el límite de ausencias argumentando que tal medida violenta la voluntad popular. En contraste, Milton Aguas, de ADN, defendió la disposición señalando que ningún funcionario, ya sea del sector público o privado, puede ausentarse de sus labores sin riesgo de despido.
Finalmente, respecto a los funcionarios que se encuentran actualmente investigados o detenidos, la bancada oficialista aclaró que la ley no posee carácter retroactivo. Por lo tanto, casos como los de Aquiles Alvarez, Luis Chonillo o Vicko Villacís no se verán afectados por estas disposiciones. De igual manera, la normativa no impactará de inmediato a las autoridades que resulten electas en los comicios del 29 de noviembre, debido a que el proyecto aún debe superar el trámite de revisión en el Ejecutivo.
